Uruguay: pronóstico reservado
Una vertiginosa crisis económica y el grave deterioro de los partidos tradicionales contribuyen a sumir a la República Oriental en la pendiente de los regímenes de fuerza
Desde Montevideo, escribe Osvaldo Tcherkaski, redactor de SIETE DIAS
La mayoría de los uruguayos se horrorizaría ante la idea de un golpe de Estado que rompa su tan querido orden institucional. Sin embargo, este fantasma, tozudamente rechazado hasta por los propios sectores castrenses, parece haberse adueñado de la vida de los orientales.
Hace mucho que Uruguay perdió su calidad de país de excepción en el continente, por la estabilidad de sus instituciones políticas, el bienestar económico y la tranquilidad social. Desde el 13 de junio de 1968, la otrora orgullosa "Cenicienta de América’’ apenas puede conservar una magra excepcionalidad: que el proceso conducente hacia un gobierno de fuerza no haya sido desencadenado por la intervención militar. Porque a partir de esa fecha la democracia empezó a ser un recuerdo. Y el parlamento, una deshilachada apariencia que pugna por mantener, a duras penas, su perdida autoridad. En la vida real, es como si el temido y negado "golpe” ya se hubiera dado.
Es que los problemas del Uruguay no pueden resolverse con palabras. Los discursos brillantes y las ocurrencias parlamentarías no sirven para resolver la grave crisis económica, que es la raíz de todos los males uruguayos.
Para resolver dicha crisis, que le significa al Uruguay una sangría inflacionaria que elevó el costo de la vida en un 236 por ciento en los últimos 18 meses, el gobierno de Jorge Pacheco Areco apeló al expediente de las ‘‘medidas prontas de seguridad”. Un poco antes, había eliminado de su gabinete a todos los caudillos políticos, que representaban a las múltiples facciones del atomizado partido oficialista (colorado) distribuyendo los ministerios entre los representantes más conspicuos de la banca, la industria y el agro. Los empresarios sucedieron así a los políticos en la conducción del país. Fue un modo de poner las cosas en sus verdaderos términos.
Desde el punto de vista de algunos sectores —sobre todo de la fracción mayoritaria del coloradismo, que se alinea en la lista 15 orientada por Jorge Batlle Ordóñez— fue un trance necesario. Porque si algo se ha desprestigiado agudamente en el Uruguay, es la política y los partidos. Divididos en 15 fracciones (10 en el partido Blanco y 5 en el Colorado), los partidos tradicionales siguen desgastándose entre los manes de la vieja política y la demagogia comiteril. Pero, al mismo tiempo, las medidas que empezó a aplicar el gobierno, con más decisión desde la muerte del presidente Gestido, llevan en sí el germen de una profunda e inevitable impopularidad. Un país habituado a las subvenciones estatales y a un curioso sistema de seguro de desempleo, otorgado bajo la forma de empleos en las dependencias del Estado (el 40 por ciento de la población activa está compuesto por burócratas), no puede aceptar fácilmente las consignas de rigor y austeridad, congelación de salarios y convenios laborales, impuestos por la actual conducción económica.
“La única salida es el trabajo ahincado y persistente. El trabajo dentro del orden y la libertad. El trabajo, el esfuerzo pacífico y ordenado”, reiteró Pacheco Areco la semana pasada. Pero el programa que ello implica nada tiene que ver con el ideario “batllista”, un santuario fabricado por los númenes del movimiento, José Batlle Berres y Luis Batlle Ordóñez. De ahí que en la noche del martes pasado, en el viejo salón de asambleas de la Casa del Partido Colorado, el ex ministro de Hacienda, Amílcar Vasconcellos haya preguntado a gritos: "¿Dónde están los muchachos de antes? ¿Qué les pasa?” Los muchachos de antes respondieron desde las páginas del vespertino Acción, dirigido por Jorge Batlle: “No son más batllistas quienes se someten a los grupos de presión”.
El idioma de las “Molotov”
Sin embargo, fue precisamente por la acción de esos grupos que el presidente Pacheco tuvo que prescindir, durante la pasada semana, de su sesión de gimnasia y box, que consuma diariamente en el club L’Avenir como “un hábito irrenunciable”.
Desde que comenzaron a regir, hace 39 días, las medidas prontas, una suerte de estado de sitio ideado por la Constitución “naranja", los sindicatos y el movimiento estudiantil, fuertemente controlados por los comunistas, iniciaron una ola de acciones de protesta cada vez más contundentes. Como sucedió en otros países del mundo, la mayor virulencia fue desplegada por los estudiantes. Barricadas y bombas “Molotov" regaron las calles de Montevideo. Pero con el correr de los días, los gremialistas optaron por no ceder ante ese liderazgo, y la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) descargó un paro general de 48 horas que amenazó seriamente paralizar el país. Al mismo tiempo, se instauró el sistema de paros parciales y manifestaciones repentinas, cuyos efectos pueden ser más devastadores que los de un paro general.
Durante 7 días, ANCAP, el monopolio estatal de combustibles, estuvo paralizado. Algo parecido sucedió en el resto de los Entes Estatales Autónomos y en los Bancos, donde Se llegó a paralizar el “clearing” y montar un verdadero caos para el resto de las operaciones. Entonces el gobierno, por primera vez en 64 años, apeló a la movilización militar de los funcionarios públicos y los trabajadores de los Entes del Estado. Esta medida, culminación de todas las anteriores (férrea censura a la prensa escrita, radial y televisiva, patrullaje constante de la capital por tropas del ejército, la marina y la aeronáutica, prohibición de reuniones y manifestaciones) terminó por otorgar al gobierno la imagen de una dictadura legalizada. Vale decir, adquirió todos los visos de un gobierno de fuerza. Y este gobierno mostró su nuevo rostro el 1º de mayo pasado, cuando una numerosa manifestación que colmaba la avenida Agraciada, en el centro de Montevideo, fue duramente reprimida por la policía.
Con todo, fueron los estudiantes los encargados de llevar a cabo las mayores arremetidas: no dieron tregua al gobierno. Inclusive, la adopción de las medidas de seguridad, el 13 de junio, se fundamentó en los encontronazos de estudiantes con policías en las noches del 7 y 8. Pareció la noche de San Bartolomé: miles de estudiantes combatieron a lo largo de la avenida 18 de Julio, durante horas, y hubo nutridos tiroteos.
El jueves pasado, Barret Díaz, secretario general de la politizada FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos), pudo ufanarse ante SIETE DIAS: “Nosotros defendemos la libertad, ejerciéndola. Enfrentamos a las medidas de seguridad en medio de una situación política sumamente inestable. Por eso, nuestros planes se hacen sólo con días y a veces con pocas horas de anticipación. Lo más importante, ahora, es la movilización agitativa".
Jaque en Medicina
Es lo que hablan puesto en práctica sus huestes el jueves 11, cuando en los alrededores de la facultad de Medicina, construyeron barricadas, volcaron ómnibus y sostuvieron un fuerte enfrentamiento con las fuerzas policiales. Esta vez, los estudiantes habían logrado que los obreros de la fábrica Alpargatas, ubicada a una cuadra de la facultad, abandonaran sus tareas para plegarse a la gresca. Seguramente, el episodio hubiera sido uno más, de los tantos que se vienen sucediendo, a no ser por un paso en falso dado por la policía, que sirvió para que estudiantes y autoridades universitarias descolocaran al gobierno y lo desgastaran aún más.
Ocurrió que en medio de la batahola, un centenar de estudiantes buscó refugio dentro de la facultad. Entonces la policía, calculando que el edificio había sido “tomado”, impuso un sitio riguroso. Mientras las autoridades hablaban de ocupación, los estudiantes acusaron a éstas de haber establecido un sitio. La policía accedió a levantarlo a condición de que los ocupantes fueran sometidos a fichaje y se encarcelara a los “culpables” de la refriega del jueves. En realidad, ningún cabecilla se hallaba entre los refugiados. Por el contrario, era más probable que hacia allí hubieran convergido los más remisos al choque, huyendo de la represión policial.
Un tendal de negociaciones se inició entonces, desde la mañana del viernes 12, entre las autoridades universitarias y el gobierno. Pero sin ningún resultado, porque la policía afirmaba que en el interior de la facultad "se halla un grupo fuertemente armado con armas cortas y largas”. Los avatares que siguieron después, entre la supuesta banda de facinerosos y la policía, conformó un anecdotario casi folklórico: al verse sin alimentos, los sitiados optaron por sacrificar a cuanto cobayo de experimentación se alojaba en el recinto; el doctor Hermógenes Álvarez, decano de Medicina, pudo proclamar en conferencia de prensa que "por hambre se puede reducir a los hombres, pero no se convence a nadie”; cuando se quiso introducir alimentos, camouflados en un coche fúnebre, como si condujera un cadáver a la morgue que funciona en los sótanos de la facultad, la policía lo requisó "por si hubiera armas”; el sábado 13, mientras el rector de la universidad penetraba en el despacho del ministro del Interior, para arribar a una solución, un llamado telefónico dio cuenta de que los estudiantes baleaban a la policía desde la azotea de Medicina; cuando el rector propuso que se permitiera la entrada del periodismo para verificar si dentro de la facultad había armas, la policía se opuso; lo peor, para la tesitura policial, fue que Andrés de Armas, cronista del matutino El Día, se hallaba junto al famoso escenario en el momento de los tiros, y lo único que vio fue cómo la policía baleaba el edificio. Ningún testigo pudo certificar que de la facultad partieran disparos. El rector apeló a la intervención del juez y la policía debió levantar el sitio. Desde la madrugada del lunes 15, los montevideanos no pudieron entretenerse más con el espectáculo de Medicina, que se había trasformado en una verdadera atracción para la gente congregada
en las plazas aledañas o en las escalinatas del Palacio Legislativo, a dos cuadras.
El rector, ingeniero Oscar Maggiolo, confió entonces a SIETE DIAS: “Ese señor (por el jefe de Policía, con quien no se habla), dijo alguna vez que yo lo pude desalojar del interior de las facultades, pero que no lo echaría de la calle. Ahora, también lo desalojé de la calle”.
Universidad y política
"Los recintos universitarios no son santuarios”, declaró a SIETE DIAS, dos horas antes del famoso tiroteo, el ministro del Interior, Eduardo Jiménez de Aréchaga. “Las opiniones de la universidad —agregó— reflejan el modo de pensar de los sectores políticos que la gobiernan, y éstos se hallan enfrentados no sólo con el gobierno, sino con los dos grandes partidos tradicionales. Las reivindicaciones estudiantiles al estilo de Francia, por ejemplo, no tienen sentido en nuestro país, porque ya han sido logradas. La actitud de la universidad es puramente política, de oposición.”
No se equivocaba. Un día antes, el viernes 12, la universidad daba a conocer una declaración del Consejo Directivo Central que exhortaba “a los sectores populares, intelectuales y políticos a unirse en un gran frente para buscar soluciones dentro de una salida cierta a la crisis económica y social que nos afecta”.
Lo curioso es que en 1958 fue nada menos que Eduardo Jiménez de Aréchaga el encargado de actuar como portavoz de la universidad ante el parlamento para fundamentar la necesidad de aprobar la Ley Orgánica Universitaria, que contempla precisamente la posibilidad de opinar sobre cuestiones políticas y “defender los valores morales, los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática-republicana de gobierno”. Es lo que recordó el rector Maggiolo, en su entrevista con SIETE DIAS. Afiliado a la lista 99 que capitanea el senador colorado Zelmar Michelini, el rector opina que “lo que no se puede decir es que el actual gobierno represente al que eligió el pueblo cuando votó al partido colorado, ya que ningún ministro representa a sector parlamentario alguno. Nosotros nos vemos enfrentados ahora con una campaña de desprestigio contra la universidad y sus gobernantes con el objeto de viabilizar alguna forma de intervención”.
El entredicho se agudizó aún más luego de la entrevista entre las autoridades universitarias y Pacheco Areco. A su término, la secretaría de Prensa de la Presidencia suministró una versión y los jerarcas de la universidad otra; por supuesto, contraria. En lo único que coincidían era en que el presidente había empeñado su palabra en el sentido de que la universidad no sería intervenida.
La dictadura sindical
Es probable que la figura presidencial sea la menos deteriorada del gobierno. “Pacheco está sometido a presiones”, susurra la calle. De alguna manera, sin embargo, la palabra del presidente pareció ingresar en un cono de escepticismo para quienes recuerdan sus declaraciones del 12 de mayo último. “El control de la inflación —aseguró entonces— debe ser gradual y ajeno a soluciones drásticas de estabilización, como podría ser la estricta congelación de salarios.”
Apenas 30 días después, el país asistió a la iniciación de ese tipo de soluciones drásticas. No sólo eso: la implantación de las medidas de seguridad significó la interrupción del diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos, preconizada por el entonces ministro de Trabajo, Manuel Flores Mora, quien renunció apenas se adoptaron las medidas de emergencia; y el hecho, insólito en la vida política uruguaya, de un gobierno que se decidió a implantar leyes por decreto.
A la dirigencia sindical le resultó fácil, en consecuencia, acusar al gobierno de haber roto el diálogo. Desde ese momento, la táctica de los gremialistas se remitió a desgastar al gobierno: tras la acusación, dispusieron paros y manifestaciones. “Nuestro objetivo es aislar al gobierno", confió una fuente sindical. “Esto se cumple, porque ahora ellos se están despedazando entre sí y nosotros somos los que regulamos las acciones”. Helvecio Bonello, miembro del secretariado de la CNT, fue más explícito: "Esta no es una carrera de 100 metros llanos, sino una maratón en donde lo principal es saber mantener el aliento. El gobierno —especificó— hubiera querido que la CNT adoptara medidas extremas como la huelga general por tiempo indeterminado, para poder demostrar la necesidad de las medidas prontas, pero no le dimos el gusto.”
Sin embargo, esta actitud, que algunos califican de dialoguista, le vale a la CNT la crítica de los sectores más radicalizados, que preconizan las bondades de un enfrentamiento abierto. Esto, que llevaría al Uruguay a hundirse en la subversión y el caos total no parece contar con predicamento serio. Los comunistas respetan la censura impuesta a la prensa y continúan publicando su hoja, aferrados, por otra parte, al juego parlamentario y a las negociaciones consiguientes. Un prominente senador colorado llegó a confiar a SIETE DIAS que “en Uruguay, el comunismo está quieto, no quiere líos. Ni ellos ni la CNT han creado problemas serios”. El propio capitoste del comunismo uruguayo, Rodney Arismendi, Se encargó de ratificar ese juicio: “Los comunistas no tratan de imponer sus puntos de vista particulares, sino soluciones de frente. Nosotros no hacemos conspiraciones armadas”.
La táctica no deja de ser sutil, porque posibilita la alianza de ese sector con diversas facciones de los partidos tradicionales que militan en la oposición franca al gobierno. Así, Pacheco Areco debe hacer frente a una alineación que ya se va perfilando, y que abarca a contingentes de su propio partido, del partido blanco, intelectuales, maestros, Colegio de Abogados, asociaciones profesionales y los comunistas, naturalmente, con una columna vertebral constituida por la CNT y el movimiento estudiantil.
Seguramente por eso, el gobierno apresura una ley que modifique la actual legislación laboral, para terminar con el sindicato único y el poder que éstos detentan en la actualidad.
Sin embargo, los movimientos en uno y otro campo son cautos: un acto organizado por todos esos sectores, que se convocó para el miércoles de la semana pasada en el Palacio Peñarol, fue autorizado por el gobierno a condición de que fuera levantado el paro dispuesto por la CNT para ese mismo día. Una vez que los gremialistas cancelaron el paro, el gobierno prohibió la realización del acto.
El Parlamento sin número
Al mismo tiempo, desde que el gobierno sancionó las medidas de seguridad, el Parlamento nunca logró el quorum necesario para sesionar. La fracción mayoritaria de los blancos, acaudillada por el senador Martín Echegoyen, se prestó a ello, favoreciendo aparentemente al gobierno. Pero en realidad la estrategia blanca apunta a cimentar el desgaste del equipo gobernante y corroer, a costa del gobierno colorado, el poder sindical. Con su propio partido profundamente dividido, Pacheco Areco se ve así a -merced de Echegoyen, el candidato derrotado por Gestido en las elecciones de 1966.
Además, el deterioro colorado se agudizó luego del sonado affaire de las “infidencias”. Cuando sobrevino la última devaluación monetaria, en abril de este año, un grupo de industriales y banqueros realizó una serie de operaciones que habrían demostrado que conocían de antemano la medida devaiuatoria. El hecho, que produjo uno de los mayores escándalos parlamentarios, envolvió a Jorge Batlle, una suerte de ministro sin cartera en el actual gabinete.
"En el gobierno los ministros representan directamente a los grupos económicos financieros, a la sombra de los manejos de Jorge Batlle”, denunció el diputado blanco Santos Giorelo Abelenda. Para enunciar de inmediato una esotérica acusación que luego reiteraría en una de las sesiones en minoría de la Asamblea General: "Por inspiración de Batlle se están impulsando una serie de medidas económicas que posibiliten nuestra anexión a la Argentina”.
Seguramente por eso, el alto mando colorado comenzó a considerar, en la última semana, la posibilidad de suplantar a Batlle en la conducción de la 15, por el veterano senador Héctor Grauert.
Pero el enfrentamiento existe en el propio seno del gobierno. Mientras el país, casi sin Parlamento y sin que ningún sector visualice una salida cierta, seguía debatiéndose en el maremágnum de la crisis, se ahondaban las divergencias entre el presidente y el vice, Alberto Abdala. Partidario del diálogo y la conciliación, acaso Abdala sea la única figura de peso que puedan esgrimir los colorados como eventual alternativa.
Lo que hay que tener
Las fuerzas armadas, a pesar de ser las ejecutoras de las medidas de seguridad, trataban, a todo esto, de mantenerse en la posición más neutral. Ello les valió que los grupos más abiertamente golpistas del Uruguay bautizaran a sus altos mandos con el mote de "Tallarines de Diabéticos", por no tener el coraje de instaurar una dictadura. En realidad, las FF. AA. uruguayas, que no alcanzan a 10.000 hombres, nunca se vieron envueltos en dichos menesteres. Ni lo desean tampoco. En 1933, la dictadura de Gabriel Terra fue enancada por la policía y el cuerpo de bomberos. Hace 15 días, un general en actividad confió a una dama de la sociedad montevideana que “para aplicar un golpe de Estado, es necesario copar 452 puestos claves. Nosotros no tenemos ni oficiales, ni tropa suficiente para hacerlo con éxito". Por lo visto, en el Uruguay no hace falta que el ejército derroque al presidente, como condición sine qua non: del golpe de Estado.
En este sentido, la República Oriental, cuyas instituciones políticas están hoy más desgastadas que nunca, puede aportar innovaciones hasta ahora desconocidas en América latina.
Revista Siete Días Ilustrados
23.07.1968
Una vertiginosa crisis económica y el grave deterioro de los partidos tradicionales contribuyen a sumir a la República Oriental en la pendiente de los regímenes de fuerza
Desde Montevideo, escribe Osvaldo Tcherkaski, redactor de SIETE DIAS
La mayoría de los uruguayos se horrorizaría ante la idea de un golpe de Estado que rompa su tan querido orden institucional. Sin embargo, este fantasma, tozudamente rechazado hasta por los propios sectores castrenses, parece haberse adueñado de la vida de los orientales.
Hace mucho que Uruguay perdió su calidad de país de excepción en el continente, por la estabilidad de sus instituciones políticas, el bienestar económico y la tranquilidad social. Desde el 13 de junio de 1968, la otrora orgullosa "Cenicienta de América’’ apenas puede conservar una magra excepcionalidad: que el proceso conducente hacia un gobierno de fuerza no haya sido desencadenado por la intervención militar. Porque a partir de esa fecha la democracia empezó a ser un recuerdo. Y el parlamento, una deshilachada apariencia que pugna por mantener, a duras penas, su perdida autoridad. En la vida real, es como si el temido y negado "golpe” ya se hubiera dado.
Es que los problemas del Uruguay no pueden resolverse con palabras. Los discursos brillantes y las ocurrencias parlamentarías no sirven para resolver la grave crisis económica, que es la raíz de todos los males uruguayos.
Para resolver dicha crisis, que le significa al Uruguay una sangría inflacionaria que elevó el costo de la vida en un 236 por ciento en los últimos 18 meses, el gobierno de Jorge Pacheco Areco apeló al expediente de las ‘‘medidas prontas de seguridad”. Un poco antes, había eliminado de su gabinete a todos los caudillos políticos, que representaban a las múltiples facciones del atomizado partido oficialista (colorado) distribuyendo los ministerios entre los representantes más conspicuos de la banca, la industria y el agro. Los empresarios sucedieron así a los políticos en la conducción del país. Fue un modo de poner las cosas en sus verdaderos términos.
Desde el punto de vista de algunos sectores —sobre todo de la fracción mayoritaria del coloradismo, que se alinea en la lista 15 orientada por Jorge Batlle Ordóñez— fue un trance necesario. Porque si algo se ha desprestigiado agudamente en el Uruguay, es la política y los partidos. Divididos en 15 fracciones (10 en el partido Blanco y 5 en el Colorado), los partidos tradicionales siguen desgastándose entre los manes de la vieja política y la demagogia comiteril. Pero, al mismo tiempo, las medidas que empezó a aplicar el gobierno, con más decisión desde la muerte del presidente Gestido, llevan en sí el germen de una profunda e inevitable impopularidad. Un país habituado a las subvenciones estatales y a un curioso sistema de seguro de desempleo, otorgado bajo la forma de empleos en las dependencias del Estado (el 40 por ciento de la población activa está compuesto por burócratas), no puede aceptar fácilmente las consignas de rigor y austeridad, congelación de salarios y convenios laborales, impuestos por la actual conducción económica.
“La única salida es el trabajo ahincado y persistente. El trabajo dentro del orden y la libertad. El trabajo, el esfuerzo pacífico y ordenado”, reiteró Pacheco Areco la semana pasada. Pero el programa que ello implica nada tiene que ver con el ideario “batllista”, un santuario fabricado por los númenes del movimiento, José Batlle Berres y Luis Batlle Ordóñez. De ahí que en la noche del martes pasado, en el viejo salón de asambleas de la Casa del Partido Colorado, el ex ministro de Hacienda, Amílcar Vasconcellos haya preguntado a gritos: "¿Dónde están los muchachos de antes? ¿Qué les pasa?” Los muchachos de antes respondieron desde las páginas del vespertino Acción, dirigido por Jorge Batlle: “No son más batllistas quienes se someten a los grupos de presión”.
El idioma de las “Molotov”
Sin embargo, fue precisamente por la acción de esos grupos que el presidente Pacheco tuvo que prescindir, durante la pasada semana, de su sesión de gimnasia y box, que consuma diariamente en el club L’Avenir como “un hábito irrenunciable”.
Desde que comenzaron a regir, hace 39 días, las medidas prontas, una suerte de estado de sitio ideado por la Constitución “naranja", los sindicatos y el movimiento estudiantil, fuertemente controlados por los comunistas, iniciaron una ola de acciones de protesta cada vez más contundentes. Como sucedió en otros países del mundo, la mayor virulencia fue desplegada por los estudiantes. Barricadas y bombas “Molotov" regaron las calles de Montevideo. Pero con el correr de los días, los gremialistas optaron por no ceder ante ese liderazgo, y la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) descargó un paro general de 48 horas que amenazó seriamente paralizar el país. Al mismo tiempo, se instauró el sistema de paros parciales y manifestaciones repentinas, cuyos efectos pueden ser más devastadores que los de un paro general.
Durante 7 días, ANCAP, el monopolio estatal de combustibles, estuvo paralizado. Algo parecido sucedió en el resto de los Entes Estatales Autónomos y en los Bancos, donde Se llegó a paralizar el “clearing” y montar un verdadero caos para el resto de las operaciones. Entonces el gobierno, por primera vez en 64 años, apeló a la movilización militar de los funcionarios públicos y los trabajadores de los Entes del Estado. Esta medida, culminación de todas las anteriores (férrea censura a la prensa escrita, radial y televisiva, patrullaje constante de la capital por tropas del ejército, la marina y la aeronáutica, prohibición de reuniones y manifestaciones) terminó por otorgar al gobierno la imagen de una dictadura legalizada. Vale decir, adquirió todos los visos de un gobierno de fuerza. Y este gobierno mostró su nuevo rostro el 1º de mayo pasado, cuando una numerosa manifestación que colmaba la avenida Agraciada, en el centro de Montevideo, fue duramente reprimida por la policía.
Con todo, fueron los estudiantes los encargados de llevar a cabo las mayores arremetidas: no dieron tregua al gobierno. Inclusive, la adopción de las medidas de seguridad, el 13 de junio, se fundamentó en los encontronazos de estudiantes con policías en las noches del 7 y 8. Pareció la noche de San Bartolomé: miles de estudiantes combatieron a lo largo de la avenida 18 de Julio, durante horas, y hubo nutridos tiroteos.
El jueves pasado, Barret Díaz, secretario general de la politizada FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos), pudo ufanarse ante SIETE DIAS: “Nosotros defendemos la libertad, ejerciéndola. Enfrentamos a las medidas de seguridad en medio de una situación política sumamente inestable. Por eso, nuestros planes se hacen sólo con días y a veces con pocas horas de anticipación. Lo más importante, ahora, es la movilización agitativa".
Jaque en Medicina
Es lo que hablan puesto en práctica sus huestes el jueves 11, cuando en los alrededores de la facultad de Medicina, construyeron barricadas, volcaron ómnibus y sostuvieron un fuerte enfrentamiento con las fuerzas policiales. Esta vez, los estudiantes habían logrado que los obreros de la fábrica Alpargatas, ubicada a una cuadra de la facultad, abandonaran sus tareas para plegarse a la gresca. Seguramente, el episodio hubiera sido uno más, de los tantos que se vienen sucediendo, a no ser por un paso en falso dado por la policía, que sirvió para que estudiantes y autoridades universitarias descolocaran al gobierno y lo desgastaran aún más.
Ocurrió que en medio de la batahola, un centenar de estudiantes buscó refugio dentro de la facultad. Entonces la policía, calculando que el edificio había sido “tomado”, impuso un sitio riguroso. Mientras las autoridades hablaban de ocupación, los estudiantes acusaron a éstas de haber establecido un sitio. La policía accedió a levantarlo a condición de que los ocupantes fueran sometidos a fichaje y se encarcelara a los “culpables” de la refriega del jueves. En realidad, ningún cabecilla se hallaba entre los refugiados. Por el contrario, era más probable que hacia allí hubieran convergido los más remisos al choque, huyendo de la represión policial.
Un tendal de negociaciones se inició entonces, desde la mañana del viernes 12, entre las autoridades universitarias y el gobierno. Pero sin ningún resultado, porque la policía afirmaba que en el interior de la facultad "se halla un grupo fuertemente armado con armas cortas y largas”. Los avatares que siguieron después, entre la supuesta banda de facinerosos y la policía, conformó un anecdotario casi folklórico: al verse sin alimentos, los sitiados optaron por sacrificar a cuanto cobayo de experimentación se alojaba en el recinto; el doctor Hermógenes Álvarez, decano de Medicina, pudo proclamar en conferencia de prensa que "por hambre se puede reducir a los hombres, pero no se convence a nadie”; cuando se quiso introducir alimentos, camouflados en un coche fúnebre, como si condujera un cadáver a la morgue que funciona en los sótanos de la facultad, la policía lo requisó "por si hubiera armas”; el sábado 13, mientras el rector de la universidad penetraba en el despacho del ministro del Interior, para arribar a una solución, un llamado telefónico dio cuenta de que los estudiantes baleaban a la policía desde la azotea de Medicina; cuando el rector propuso que se permitiera la entrada del periodismo para verificar si dentro de la facultad había armas, la policía se opuso; lo peor, para la tesitura policial, fue que Andrés de Armas, cronista del matutino El Día, se hallaba junto al famoso escenario en el momento de los tiros, y lo único que vio fue cómo la policía baleaba el edificio. Ningún testigo pudo certificar que de la facultad partieran disparos. El rector apeló a la intervención del juez y la policía debió levantar el sitio. Desde la madrugada del lunes 15, los montevideanos no pudieron entretenerse más con el espectáculo de Medicina, que se había trasformado en una verdadera atracción para la gente congregada
en las plazas aledañas o en las escalinatas del Palacio Legislativo, a dos cuadras.
El rector, ingeniero Oscar Maggiolo, confió entonces a SIETE DIAS: “Ese señor (por el jefe de Policía, con quien no se habla), dijo alguna vez que yo lo pude desalojar del interior de las facultades, pero que no lo echaría de la calle. Ahora, también lo desalojé de la calle”.
Universidad y política
"Los recintos universitarios no son santuarios”, declaró a SIETE DIAS, dos horas antes del famoso tiroteo, el ministro del Interior, Eduardo Jiménez de Aréchaga. “Las opiniones de la universidad —agregó— reflejan el modo de pensar de los sectores políticos que la gobiernan, y éstos se hallan enfrentados no sólo con el gobierno, sino con los dos grandes partidos tradicionales. Las reivindicaciones estudiantiles al estilo de Francia, por ejemplo, no tienen sentido en nuestro país, porque ya han sido logradas. La actitud de la universidad es puramente política, de oposición.”
No se equivocaba. Un día antes, el viernes 12, la universidad daba a conocer una declaración del Consejo Directivo Central que exhortaba “a los sectores populares, intelectuales y políticos a unirse en un gran frente para buscar soluciones dentro de una salida cierta a la crisis económica y social que nos afecta”.
Lo curioso es que en 1958 fue nada menos que Eduardo Jiménez de Aréchaga el encargado de actuar como portavoz de la universidad ante el parlamento para fundamentar la necesidad de aprobar la Ley Orgánica Universitaria, que contempla precisamente la posibilidad de opinar sobre cuestiones políticas y “defender los valores morales, los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrática-republicana de gobierno”. Es lo que recordó el rector Maggiolo, en su entrevista con SIETE DIAS. Afiliado a la lista 99 que capitanea el senador colorado Zelmar Michelini, el rector opina que “lo que no se puede decir es que el actual gobierno represente al que eligió el pueblo cuando votó al partido colorado, ya que ningún ministro representa a sector parlamentario alguno. Nosotros nos vemos enfrentados ahora con una campaña de desprestigio contra la universidad y sus gobernantes con el objeto de viabilizar alguna forma de intervención”.
El entredicho se agudizó aún más luego de la entrevista entre las autoridades universitarias y Pacheco Areco. A su término, la secretaría de Prensa de la Presidencia suministró una versión y los jerarcas de la universidad otra; por supuesto, contraria. En lo único que coincidían era en que el presidente había empeñado su palabra en el sentido de que la universidad no sería intervenida.
La dictadura sindical
Es probable que la figura presidencial sea la menos deteriorada del gobierno. “Pacheco está sometido a presiones”, susurra la calle. De alguna manera, sin embargo, la palabra del presidente pareció ingresar en un cono de escepticismo para quienes recuerdan sus declaraciones del 12 de mayo último. “El control de la inflación —aseguró entonces— debe ser gradual y ajeno a soluciones drásticas de estabilización, como podría ser la estricta congelación de salarios.”
Apenas 30 días después, el país asistió a la iniciación de ese tipo de soluciones drásticas. No sólo eso: la implantación de las medidas de seguridad significó la interrupción del diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos, preconizada por el entonces ministro de Trabajo, Manuel Flores Mora, quien renunció apenas se adoptaron las medidas de emergencia; y el hecho, insólito en la vida política uruguaya, de un gobierno que se decidió a implantar leyes por decreto.
A la dirigencia sindical le resultó fácil, en consecuencia, acusar al gobierno de haber roto el diálogo. Desde ese momento, la táctica de los gremialistas se remitió a desgastar al gobierno: tras la acusación, dispusieron paros y manifestaciones. “Nuestro objetivo es aislar al gobierno", confió una fuente sindical. “Esto se cumple, porque ahora ellos se están despedazando entre sí y nosotros somos los que regulamos las acciones”. Helvecio Bonello, miembro del secretariado de la CNT, fue más explícito: "Esta no es una carrera de 100 metros llanos, sino una maratón en donde lo principal es saber mantener el aliento. El gobierno —especificó— hubiera querido que la CNT adoptara medidas extremas como la huelga general por tiempo indeterminado, para poder demostrar la necesidad de las medidas prontas, pero no le dimos el gusto.”
Sin embargo, esta actitud, que algunos califican de dialoguista, le vale a la CNT la crítica de los sectores más radicalizados, que preconizan las bondades de un enfrentamiento abierto. Esto, que llevaría al Uruguay a hundirse en la subversión y el caos total no parece contar con predicamento serio. Los comunistas respetan la censura impuesta a la prensa y continúan publicando su hoja, aferrados, por otra parte, al juego parlamentario y a las negociaciones consiguientes. Un prominente senador colorado llegó a confiar a SIETE DIAS que “en Uruguay, el comunismo está quieto, no quiere líos. Ni ellos ni la CNT han creado problemas serios”. El propio capitoste del comunismo uruguayo, Rodney Arismendi, Se encargó de ratificar ese juicio: “Los comunistas no tratan de imponer sus puntos de vista particulares, sino soluciones de frente. Nosotros no hacemos conspiraciones armadas”.
La táctica no deja de ser sutil, porque posibilita la alianza de ese sector con diversas facciones de los partidos tradicionales que militan en la oposición franca al gobierno. Así, Pacheco Areco debe hacer frente a una alineación que ya se va perfilando, y que abarca a contingentes de su propio partido, del partido blanco, intelectuales, maestros, Colegio de Abogados, asociaciones profesionales y los comunistas, naturalmente, con una columna vertebral constituida por la CNT y el movimiento estudiantil.
Seguramente por eso, el gobierno apresura una ley que modifique la actual legislación laboral, para terminar con el sindicato único y el poder que éstos detentan en la actualidad.
Sin embargo, los movimientos en uno y otro campo son cautos: un acto organizado por todos esos sectores, que se convocó para el miércoles de la semana pasada en el Palacio Peñarol, fue autorizado por el gobierno a condición de que fuera levantado el paro dispuesto por la CNT para ese mismo día. Una vez que los gremialistas cancelaron el paro, el gobierno prohibió la realización del acto.
El Parlamento sin número
Al mismo tiempo, desde que el gobierno sancionó las medidas de seguridad, el Parlamento nunca logró el quorum necesario para sesionar. La fracción mayoritaria de los blancos, acaudillada por el senador Martín Echegoyen, se prestó a ello, favoreciendo aparentemente al gobierno. Pero en realidad la estrategia blanca apunta a cimentar el desgaste del equipo gobernante y corroer, a costa del gobierno colorado, el poder sindical. Con su propio partido profundamente dividido, Pacheco Areco se ve así a -merced de Echegoyen, el candidato derrotado por Gestido en las elecciones de 1966.
Además, el deterioro colorado se agudizó luego del sonado affaire de las “infidencias”. Cuando sobrevino la última devaluación monetaria, en abril de este año, un grupo de industriales y banqueros realizó una serie de operaciones que habrían demostrado que conocían de antemano la medida devaiuatoria. El hecho, que produjo uno de los mayores escándalos parlamentarios, envolvió a Jorge Batlle, una suerte de ministro sin cartera en el actual gabinete.
"En el gobierno los ministros representan directamente a los grupos económicos financieros, a la sombra de los manejos de Jorge Batlle”, denunció el diputado blanco Santos Giorelo Abelenda. Para enunciar de inmediato una esotérica acusación que luego reiteraría en una de las sesiones en minoría de la Asamblea General: "Por inspiración de Batlle se están impulsando una serie de medidas económicas que posibiliten nuestra anexión a la Argentina”.
Seguramente por eso, el alto mando colorado comenzó a considerar, en la última semana, la posibilidad de suplantar a Batlle en la conducción de la 15, por el veterano senador Héctor Grauert.
Pero el enfrentamiento existe en el propio seno del gobierno. Mientras el país, casi sin Parlamento y sin que ningún sector visualice una salida cierta, seguía debatiéndose en el maremágnum de la crisis, se ahondaban las divergencias entre el presidente y el vice, Alberto Abdala. Partidario del diálogo y la conciliación, acaso Abdala sea la única figura de peso que puedan esgrimir los colorados como eventual alternativa.
Lo que hay que tener
Las fuerzas armadas, a pesar de ser las ejecutoras de las medidas de seguridad, trataban, a todo esto, de mantenerse en la posición más neutral. Ello les valió que los grupos más abiertamente golpistas del Uruguay bautizaran a sus altos mandos con el mote de "Tallarines de Diabéticos", por no tener el coraje de instaurar una dictadura. En realidad, las FF. AA. uruguayas, que no alcanzan a 10.000 hombres, nunca se vieron envueltos en dichos menesteres. Ni lo desean tampoco. En 1933, la dictadura de Gabriel Terra fue enancada por la policía y el cuerpo de bomberos. Hace 15 días, un general en actividad confió a una dama de la sociedad montevideana que “para aplicar un golpe de Estado, es necesario copar 452 puestos claves. Nosotros no tenemos ni oficiales, ni tropa suficiente para hacerlo con éxito". Por lo visto, en el Uruguay no hace falta que el ejército derroque al presidente, como condición sine qua non: del golpe de Estado.
En este sentido, la República Oriental, cuyas instituciones políticas están hoy más desgastadas que nunca, puede aportar innovaciones hasta ahora desconocidas en América latina.
Revista Siete Días Ilustrados
23.07.1968
