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GOLPES MILITARES EN ARGENTINA
A 38 años de la caída de Yrigoyen, y del comienzo de una etapa de alzamientos militares, algunos analistas interpretan cuál ha sido el saldo que arrojaron, el pro y contra de cada golpe, las consecuencias que legaron al país

A contar desde el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, en 1930, los militares gobernaron al país, con intermitencias, durante 25 años; los civiles, 13. De los 14 presidentes que desfilaron en ese mismo período, 9 fueron militares, 5 civiles. Los últimos 38 años de la Argentina fueron testigos de 56 alzamientos militares, cinco de los cuales derribaron gobiernos: durante 20 de esos 38 años, el país soportó (y soporta actualmente) la suspensión de los derechos constitucionales.
Esta significativa estadística envuelve uno de los acontecimientos más controvertidos y frecuentes de la Historia Nacional: el golpe de estado. Mucho se ha dicho sobre sus ventajas y perjuicios, pero no resulta ocioso repetir la fría definición que expertos militares han ofrecido sobre el fenómeno: “El golpe de estado —publica Military Review, órgano oficial del ejército de los EE. UU., en su número de abril de 1967—, al igual que la rebelión y la insurrección, es un método de usurpar el poder por medios ilegales y violentos. Sin embargo, a diferencia de los otros dos, no requiere un grado considerable de apoyo popular; por el contrario, es esencialmente la acción de una pequeña minoría selecta..."
¿Cuál fue en la Argentina el objetivo de los grupos que protagonizaron golpes de estados? Casi todos sus máximos representantes afirmaron alzarse en armas para mantener la estabilidad institucional. ¿Lograron esa finalidad? Las estadísticas dicen que no, pero se discute ardorosamente quiénes son los responsables de ese fracaso; a qué obedece la fragilidad en que navegan las instituciones argentinas desde hace muchos años. Mientras algunos sectores de la población culpan a los militares de querer preservar a cualquier precio la hegemonía de grupos minoritarios, otros los sindican como último baluarte de un honor y patriotismo que los políticos civiles se encargan de pisotear.
Esta polémica alcanza ahora un alto grado de vigencia. Por eso, reseñar las maniobras básicas del golpe de estado, su aplicación en la Argentina y las consecuencias que estas sucesivas acciones legaron al país, puede ayudar a clarificar un fenómeno que estigmatiza el destino nacional.

MANUAL DEL GOLPISTA
“Los líderes de un golpe airoso, por lo general serán miembros de la jerarquía militar o política —adoctrina Military Review—. Sería engañoso recalcar esto demasiado, pero resulta evidente que el golpe de estado es principalmente un arma para el uso de los más allegados círculos de poder”. Cuando el movimiento se organiza fuera de estos círculos —advierte la publicación—, pueden suceder generalmente dos cosas: o el levantamiento degenera en guerra civil, o sus promotores sufren un destino poco envidiable. Es, por ejemplo, lo que sucedió a un grupo de coroneles y oficiales menores de caballería —Alejandro Lanusse, Gustavo Martínez Zuviría y Julio Alsogaray—, quienes adhirieron fervorosamente al frustrado movimiento que encabezó el general Benjamín Menéndez, en setiembre de 1951, contra el gobierno de Perón. Los tres jóvenes oficiales sufrieron un confinamiento de tres años en la cárcel de Río Gallegos.
Todo grupo que intente quebrar el orden constitucional debe capitalizar la prudencia necesaria para colectar adeptos. Expertos argentinos en temas militares informaron que lograr atraer a la causa a unidades de las Fuerzas Armadas requiere un planeamiento cuidadoso y cauto: subvertir oficiales y hombres, eliminando a los no confiables y manteniendo absoluto secreto. Ha pocos meses —precisamente—, el coronel Ramón E. Molina fue arrestado al conocerse que recorría guarniciones militares del interior, buscando apoyo para el binomio integrado por el general Carlos A. Caro y el abogado Marcelo Sánchez Sorondo.
En cuanto a que la esencia del golpe es la sorpresa, el hermetismo y la simultaneidad, ya nadie parece otorgarle demasiada importancia. Basta recordar que mientras el ejército acuartelaba sus tropas y los efectivos del Escuadrón de Seguridad patrullaban las calles céntricas y vigilaban la Casa Radical y la suya propia, el presidente Yrigoyen preguntó a un lugarteniente: “¿Quién puede rebelarse en contra de mí? ¿Por qué?”.
Es habitual que una vez derrocado el gobierno, las próximas acciones apunten a la proclamación de la ley marcial y el anuncio del cambio de gobierno, el que puede ir acompañado por una breve declaración de sus objetivos y política. Esta declaración intenta, básicamente, comprometer el apoyo popular.
Cuando algunos estrategas señalan que frente a una población hostil o indiferente al golpe de estado, lo más prudente es mantenerla trabajando para evitar demostraciones adversas, se olvidan que el desalojo de gobiernos populares suele provocar gratuitos derramamientos de sangre: el 16 de junio de 1955, grupos de obreros peronistas que acudieron en camiones a la Casa Rosada fueron tenazmente baleados por los aviones rebeldes.
Una de las conclusiones que la revista del ejército norteamericano presenta frente a los golpes de estado es que éstos “tienen muchas ventajas para la actualidad, en que la guerra clásica ha pasado a ser demasiado costosa en término de vidas humanas, como para valer la pena”. La impresionante lista de muertos que arrojó el enfrentamiento que sostuvieron en abril de 1963 los bandos colorados y azules parece desvirtuar esa afirmación, contraponiendo un inquietante y amargo interrogante.

PERON-FRONDIZI:
¿GOLPES CONTRADICTORIOS?
Cuando el general Benjamín Menéndez fue interrogado sobre las causas que determinaron su intento de golpe de Estado contra Perón, respondió: “El alto grado de desmoralización, así como las profundas demostraciones de servilismo y envilecimiento puestas en juego por el tirano y sus secuaces para mantenerse en el poder.”
Si bien sus maniobras fracasaron, no sucedió lo mismo con las que el 16 de setiembre de 1955 acabaron con nueve años de gobierno peronista. Al referirse a este cruento golpe militar, el doctor Julio Oyhanarte, ministro de la Corte Suprema de Justicia en el gobierno de Arturo Frondizi, dijo a SIETE DIAS, la semana pasada, que se trató de una maniobra revanchista y que retrotrajo al país a esquemas preperonistas. Según el doctor Oyhanarte, “los golpes de estado contra Yrigoyen, Perón y Frondizi, no fueron ejecutados para terminar con los defectos de esos regímenes, sino con sus virtudes. Es decir, para frenar lo que los tres gobiernos estaban realizando en el sentido de la construcción nacional”.
El general Raúl Poggi, protagonista decisivo del derrocamiento de Arturo Frondizi, expresó a este semanario opiniones muy disímiles a las de Oyhanarte: “Si no derrocábamos a Frondizi —razonó—, los militares corríamos el grave peligro de desembocar en un enfrentamiento con el pueblo”. Según estimó Poggi, Frondizi pensaba enviar a las cámaras legislativas los decretos de intervención a las provincias conquistadas electoralmente por el peronismo. “Las FF. AA. consideraron entonces que el Congreso iba a revocar los decretos del Poder Ejecutivo y que la situación concluiría inexorablemente en una sangrienta guerra civil. Los militares no estábamos dispuestos a aceptar de ningún modo que asumieran gobernadores peronistas en provincias de la importancia de Buenos Aires. Por eso invitamos a Frondizi a abandonar la presidencia: fue un pedido y no un golpe militar clásico.”
Lo cierto del caso es que, luego del apresurado juramento del vicepresidente José María Guido, se desencadenaron una serie de acontecimientos que consternaron a Poggi. ‘‘Guido —recuerda ahora el general— adoptó medidas como la disolución del Congreso, que nosotros ni soñamos consumar. Nuestra intensión era que Guido terminara el período constitucional de Frondizi para convocar luego a elecciones generales. . . sin participación peronista. Por todos esos sucesos —concluyó Poggi—, hubiera sido preferible que Frondizi continuara en el poder”.

LA REVOLUCION Y EL GOLPE
Frecuentemente, los argentinos apelaron al término revolución o golpe para designar un mismo fenómeno. Para el doctor Luis María Boffi Boggero, ex ministro decano de la Corte Suprema de Justicia y primer vicepresidente de la Asociación Mundial de Jueces, un abismo separa a ambos términos. “La revolución implica un cambio esencial de las estructuras de un país —advirtió al ser consultado por esta publicación—. La del 25 de mayo de 1810 o la de Caseros, sí lo fueron. Pero no puede darse este nombre a cualquier movimiento armado, golpe de estado o motín. Es necesario diferenciar a los gobiernos de fuerza (por derrocamiento de gobiernos legalmente constituidos), de los gobiernos de fuerza que se instituyen al terminar una tiranía. Justifico este último
tipo de regímenes, únicamente; los otros son simples usurpaciones del poder. Cuando muchos tildaron de revolución al movimiento armado que derrocó al presidente Illía, en 1966, no se daban cuenta que cristalizaba así una maniobra destinada a frenar la evolución de las fuerzas progresistas del país.” Para el doctor Boggero, “los golpes de Estado que soportó el país, no sólo le han hecho perder la confianza de países imprescindibles dentro de su desarrollo, sino que han incidido directamente en su desarrollo. Algo muy similar a un suicidio.”
Enfocando el problema desde un ángulo opuesto, el presidente Onganía ofreció, en su discurso del 5 de julio pasado ante las Fuerzas Armadas, pautas muy concretas sobre los riesgos que acechan a una revolución consumada con el único propósito de devolver a la República el pleno goce de la legalidad.
“La República había atravesado varios intentos de alcanzar los mismos fines (encauzar definitivamente al país) que naufragaron en los escollos que acechan a todo empeño por retomar la grandeza nacional, y debieron contentarse, a poco andar, con un regresó formal a la legalidad constitucional que esos mismos movimientos habían violado y que se encontraba, por lo tanto, aún más debilitada para asegurar la existencia de la democracia, representativa a que aspiran todos los argentinos.
“El entusiasmo que acompañó a otros movimientos no pudo generar la fuerza necesaria para triunfar de los intereses creados, de las situaciones cómodas, de la rutina de las cosas hechas y de los conceptos arraigados. Sucumbieron ante la dureza de una realidad que todos querían cambiar, pero que se conservó inmutable”.
Es menester, entonces, precisar la verdadera motivación del golpe de estado. El profesor José Luis Romero, rector de la Universidad de Buenos Aires entre los años 1955 y 1956, sostiene que "el golpe de Estado es un epifenómeno. Es decir, que no se puede valorar por sí mismo, sino por las causas más profundas que lo originan. En 1930, por ejemplo, la caída de Yrigoyen materializaba el anhelo de la oligarquía que no deseaba que el radicalismo se mantuviera en el poder. Yo no podría asegurar que todos los golpes de estado son perniciosos. Lo que sí lamento es que en este país gobiernen las élites; las que, desgraciadamente, se muestran coherentes con el sistema. Lo que sería necesario para equilibrar esta realidad es la existencia de líderes a nivel popular; pero, a excepción de Perón, este requerimiento no se ha visto satisfecho hasta el presente."
Según el profesor Romero, la única salida positiva para el país frente a este tipo de sucesos es que “la clase obrera se cohesione en un sólido frente con la clase media. Cuando esto se logre, las fuerzas armadas van a respetar el proceso, pues no debemos olvidar que ellas también responden a corrientes internas, y sufren presiones del medio social en el que se desarrollan.”

¿TRES PODERES? ¿CUATRO? ¿CUANTOS?
En momentos en que la palabra política no goza de extremada musicalidad, en que el Congreso no sirve para las tradicionales deliberaciones y el poder judicial se encuentra cuestionado, hay quienes sospechan que la clásica vigencia de los tres poderes está a punto de ser archivada.
“La idea de los tres poderes no está perimida ni mucho menos —puntualiza el doctor Oyhanarte—. Si se cumpliera rigurosamente la Ley Sáenz Peña, su vigencia sería incuestionable, pues resulta lógico pensar que el partido victorioso en las elecciones debe ser mayoría en la cámara legislativa. Pero cuando un grupo político se impone sin ser mayoría, su triunfo es una invitación al golpe de estado. Durante el gobierno de Illía, por ejemplo, el poder legislativo aprobó un plan económico elaborado por la oposición; ello, evidentemente, carece de sentido. Con sólo realizar algunas reformas a nuestra Constitución, su validez sería inobjetable. Hablar de elementos perimidos en nuestro país es una tontería: lo único que ya ha cumplido su misión en la Argentina es la inactividad."
El doctor Boffi Boggero interpreta la idea de los tres poderes de manera más terminante: “Es el único antídoto eficaz que el derecho puede oponer a la fuerza —sostiene—. A pesar de ser partidario de reformar la Constitución, rechazo todo intento de modificación totalitario disimulado bajo una apariencia democrática. Argentina debe dirigirse hacia la democracia integral, ya sea en el plano electoral como en el económico y social. Pienso, sin embargo, que viviéndose con limpieza la democracia política, los otros dos terrenos pueden abordarse más fácilmente”.
Indudablemente, la condición de retirado otorga mayor libertad de expresión a cualquier militar. Es lo que demostró el contraalmirante (R) Jorge Palma, jefe del Estado Mayor de la Armada durante el derrocamiento de Frondizi, al ser consultado por SIETE DIAS sobre ese hecho: "La situación del país luego de 1962 empeoró incuestionablemente. Se hacen muchas referencias al orden pero se descuida el problema institucional. No se puede vivir en el descontrol, pero tampoco en la anestesia. Es imprescindible que se convoque a elecciones: la gente tiene que desahogarse de alguna manera, y esa es la más conveniente. No hace falta pensar demasiado para comprender que la cancelación de elecciones puede deparar a la Argentina acontecimientos tan graves como los vividos recientemente en Francia".

Recorte en la crónica__________
PROCLAMAS REVOLUCIONARIAS
Fragmentos de los manifiestos dados a conocer por las FF. AA. después de cada derrocamiento. Aunque distan 36 años entre el primero y el último, sus objetivos son siempre los mismos

6 DE SETIEMBRE DE 1930: Destitución de HIPOLITO YRIGOYEN
“Camaradas: El ejército y la armada de la Patria, respondiendo al clamor unánime del pueblo de la Nación y a los propósitos perentorios que nos impone el deber de argentinos en esta hora solemne para los destinos del país, han resuelto levantar su bandera para intimar a los hombres que han traicionado en el gobierno la confianza del pueblo y de la República, el abandono inmediato de los cargos, que ya no ejercen para el bien común, sino para el logro de sus apetitos personales. (...) La misma Constitución obliga a los ciudadanos a armarse en su defensa. Ha llegado el momento ¡A las armas! para salvar la realidad de las instituciones y la dignidad de la Nación.”

4 DE JUNIO DE 1943: Caída del Dr. RAMON S. CASTILLO
“Al Pueblo de la República: Las Fuerzas Armadas de la Nación, fieles y celosos guardianes del honor y tradiciones de la Patria, como asimismo del bienestar, los derechos y libertades del pueblo argentino, han venido observando silenciosa, pero muy atentamente, las actividades y el desempeño de las autoridades superiores de la Nación (...) Se ha defraudado a los argentinos adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción (...) Dicha fuerza, consciente de la responsabilidad que asume ante la historia y ante su pueblo, cuyo clamor ha llegado hasta los cuarteles, decide cumplir con el deber de esta
hora, que impone actuar en defensa de los sagrados intereses de la patria.”

16 DE SETIEMBRE DE 1955: La revolución contra el Gral. JUAN D. PERON
“Al pueblo argentino y a los soldados de la patria: En mi carácter de jefe de la Revolución Libertadora, me dirijo al pueblo, y en especial a mis camaradas de todas las armas, para pedir su colaboración en nuestro movimiento. La Armada, la Aeronáutica y el Ejército de la patria abandonan otra vez sus bases y cuarteles para intervenir en la vida cívica de la Nación. Lo hacemos impulsados por el imperativo del amor a la libertad y al honor de un pueblo sojuzgado que quiere vivir de acuerdo con sus tradiciones y que no se resigna a seguir indefinidamente los caprichos de un dictador que abusa de la fuerza del gobierno para humillar a sus conciudadanos. (...) Ningún escrúpulo deben abrigar los miembros de las Fuerzas Armadas por la supuesta legitimidad del mandato que ostenta el dictador. (...) La revolución no se hace en provecho de partidos, clases o tendencias, sino para restablecer el imperio del derecho.”

28 DE MARZO DE 1962: La destitución de ARTURO FRONDIZI
(Esta destitución es una excepción a la regla golpista, ya que los comandantes de las tres armas —Raúl Poggi, Agustín R. Penas y Cayo Alsina— oficializaron el golpe a través de un acta que sustituyó la tradicional proclama revolucionaria.)
“En Buenos Aires, a los 28 días del mes de marzo, en reunión celebrada en la Secretaría de Marina, reunidos los señores comandantes en jefe de las FF. AA., resuelven exigir el alejamiento de sus funciones del señor presidente de la Nación, a fin de agotar los medios para salvar la organización constitucional. Esta decisión se notificará en el día de la fecha por el conducto que cada autoridad militar considere conveniente dentro de su fuerza. Los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas dejan constancia expresa de que, en caso de que los acontecimientos lleven a situaciones extremas que hagan ineludible el cambio de gobierno, el nuevo gobierno será civil.”

28 DE JUNIO DE 1966: El golpe de Estado contra el Dr. ARTURO ILLIA
“Nos dirigimos al pueblo de la República en nombre del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea con el objeto de informar sobre las causas de la Revolución Argentina. El gobierno que acaba de ser sustituido contó con el anhelo de éxito más fervoroso y con un crédito de confianza ilimitado por parte de todos los sectores de la vida nacional. (...) La inflación monetaria que soportaba la Nación fue agravada por un estatismo insaciable e incorporada como sistema y con ello el más terrible flagelo que puede castigar a una sociedad, especialmente en los sectores de menores ingresos, haciendo del salario una estafa y del ahorro una ilusión. (...) Las Fuerzas Armadas observaron con creciente preocupación este permanente y firme deterioro. No obstante, no sólo no entorpecieron la acción del gobierno, sino por el contrario buscaron todas las formas posibles de colaboración.”.


Revista Siete Días Ilustrados
30.07.1968
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