El gobierno reveló, el lunes 3, detalles de una conversación mantenida hace más de un año entre Perón y un enviado de la Casa Rosada. Ese hecho, junto con el discurso de Lanusse ante las FF. AA., fueron los hitos más importantes de una semana cargada de tensión. El Gran Acuerdo en su punto crítico.
Una apabullante sucesión de noticias, y la certeza de que el ambiente seguirá caldeado y neblinoso durante algún tiempo —por lo menos, hasta que la presión encuentre una vía de escape— se desplomó la semana pasada sobre el país. Como siempre ocurre en estos casos, la ola de rumores —un verdadero maremoto— fue el cortejo infaltable, el síntoma más explícito de la hipertensión que desde hace ya varias semanas agobia a los círculos políticos y a los centros de poder.
El miércoles 5 fue la fiesta de la usina de infundios. En el momento de cerrar esta edición, los voceros de la guerra psicológica pretendían que Alcides López Aufranc marchaba sobre Buenos Aires para deponer a Lanusse, que Ezequiel Martínez contraatacaba en la Fuerza Aérea destituyendo a Carlos Alberto Rey, que José Rafael Herrera, jefe del Estado Mayor del Ejército, se disgustaba con la Casa Rosada, que el Cuerpo I se partía en dos, que el generalato decidía el retiro del coronel Francisco Cornicelli, y que, por fin, el presidente presentaba su renuncia ante la Junta de Comandantes (cuerpo que ese día realizó una reunión desusadamente larga) y pedía cinco días de plazo para darla a publicidad. Ninguna de esas alarmas pudieron ser confirmadas durante el miércoles, jornada en la cual lo único indubitable fueron las reuniones realizadas en diversos lugares, la procesión de aviones de guerra que, hacia mediodía, sobrevoló Buenos Aires (en Práctica del desfile del 9 de Julio, se informó), y el escueto comunicado difundido al anochecer por el gobierno, en el que se informaba que las tres armas habían acordado postergar hasta noviembre el tratamiento de uno de los temas que estaba en el centro de las versiones: el mecanismo de rotación de la presidencia de la Junta de Comandantes en Jefe.
La difusión de esa nota consiguió el objetivo buscado por el
gobierno: tras su emisión, la tensión se disipó y, al menos momentáneamente, hubo un alivio. Con todo, el comunicado oficializó lo que hasta ese instante sólo estaba en boca de los versioneros. Vale decir: desde el miércoles de la semana pasada es noticia oficia' que en la alta cúspide castrense no hay criterios coincidentes en torno a si Lanusse debe seguir siendo presidente de la Nación hasta el momento de la entrega del poder al futuro gobierno (25 de mayo de 1973), o si ese cargo debe ser asumido a fin de año por Carlos Alberto Rey, titular de la Fuerza Aérea.
El primero en oficializar esta cuestión fue el propio Rey. El martes 4, desde Mendoza, el comandante aeronáutico comunicó al país que su arma se atenía a la letra del Estatuto de la Revolución Argentina en lo que se refiere al mecanismo de designación del jefe del Estado. "El Estatuto de la Revolución Argentina —declaró—, modificado en oportunidad del reemplazo del ex presidente Levingston, establece que la Presidencia de la Nación la ocupa el presidente de la Junta de Comandantes en Jefe. Por delegación de esta Junta, corresponde por rotación reglamentaria que la presidencia de la Junta la ocupe el año próximo la Fuerza Aérea Argentina".
Desde hace ya varias semanas (ver Siete Días Nº 266), en la Casa Rosada se sostiene que resultaría más racional obviar ese trámite. Según el lanussismo, nadie se beneficiaría si el país cambia de presidente a fin de año y luego realiza otro cambio en mayo, cuando asuma el gobierno constitucional. Sin embargo, este problema reglamentario está íntimamente vinculado a la marcha del proceso político y a la suerte del Gran Acuerdo.
Es que las declaraciones de Rey fueron formuladas en un contexto que, hasta ese instante, estaba signado por la difusión de lo conversado en abril de 1971 entre Juan Domingo Perón y el subsecretario general de la Presidencia, coronel Francisco Cornicelli. El lunes 3, y como contragolpe a las declaraciones formuladas por el ex presidente a la revista italiana L'Espresso (en las que por primera vez habló públicamente del viaje de Cornicelli) el gobierno publicitó un jugoso resumen de aquella charla, de cuya lectura se desprende una cuestión esencial, que desnuda uno de los factores del actual "endurecimiento" en las relaciones entre la Puerta de Hierro y el lanussismo: la inevitable necesidad de Perón de cuidar su prestigio a nivel popular y de no "rifarse" en un acuerdo político que podría deteriorar su imagen.
Al dar a conocer el resumen, el gobierno buscó aventar la sospecha, difundida por los golpistas, de que la misión de Cornicelli respondía a la intención de obtener el apoyo de Perón a la candidatura de Lanusse. Ese propósito podría haber sido alcanzado (Levingston pidió sanciones para Lanusse, pero luego se hizo público que él también había enviado emisarios secretos a Madrid), pero el costo de la operación puede resultar grande si se tiene en cuenta que agudizó el enfrentamiento con Madrid hasta límites que podrían resultar incontrolables. El martes 4 se anunció que Perón no iba a formular comentarios sobre el asunto, y que se aprestaba a iniciar uno de sus períodos de vacaciones, habituales cuando se producen situaciones críticas.
Lo cierto es que Rey se preocupó en precisar, el mismo martes, que Cornicelli viajó en nombre de Lanusse, y no de la Junta de Comandantes. Por lo demás, en los medios políticos se sabía desde mucho antes de la semana pasada que Cornicelli había cumplido una misión en Madrid. Por eso, las declaraciones formuladas el mismo martes, en San Luis, por Alcides López Aufranc (dijo que se había enterado "por los diarios" de la existencia de ese viaje) y la aclaración formulada por el mismo gobierno de que los generales Herrera y Jorge Raúl Carcagno habían sido informados sobre su realización, fueron las que nutrieron las versiones de todo tipo que circularon acerca de la actitud de esos jefes.
A mediados de semana, la expectativa en torno al discurso que Lanusse iba a pronunciar el viernes 7, era cada vez más grande. Nadie se atrevía a formular vaticinios. Es que la suerte del GAN depende cada vez más de que el gobierno pueda erigirse en cabeza de un proceso que articule a todos los factores en juego. Una tarea compleja y crecientemente difícil, que debe realizar un gobierno al que se le han achicado los márgenes de maniobra, pero que es —aún— la última frontera ante lo desconocido.
Recuadro en la crónica____________
GENERAL ROCA: EL TIRON DE OREJA
Los municipios conforman, a juicio de un buen número de especialistas, la organización primaria e indispensable que sustenta y posibilita la existencia de un poder central más amplio, se trate de provincias o Estados. Si se acepta este axioma, se comprenderá el porqué de la inmediata reacción del gobierno nacional ante las rebeldías lugareñas y el peligro que ellas suponen; esto es, su eventual extensión a zonas aledañas.
La semana pasada, a partir del lunes 3, los vecinos de General Roca —virtual capital económica y administrativa del Valle del Río Negro— protagonizaron uno de los más graves incidentes que recuerda la historia chica de las comunas patagónicas. Todo se había iniciado por un problema jurisdiccional: la decisión del gobierno de Río Negro de crear un juzgado de primera instancia en lo Civil, Comercial y Penal en la localidad de Cipolletti, ubicada también en el Valle pero a sólo 5 kilómetros de Neuquén. El lunes por la noche, una tumultuosa asamblea de roquenses fustigó la decisión del Poder Ejecutivo provincial de desmembrar la jurisdicción de los jueces de General Roca; el intendente Pablo Oreja anunció, además, su renuncia indeclinable a raíz del entuerto y en solidaridad con los reclamos.
"Solicitamos remoción del gobernador en esta provincia por intentar enfrentar a poblaciones hermanas del Alto Valle". El texto pertenece al telegrama enviado luego de la asamblea general del día martes —que reunió a los pobladores en el tradicional Club del Progreso— al ministro de Interior Arturo Mor Roig y al presidente Lanusse. El petitorio, aunque breve, revelaba dos aspectos fundamentales del entredicho: en primer lugar, la negativa de los roquenses a encuadrar el problema como resultado de la tradicional puja entre los productores de General Roca y Cipolletti; en segundo término, pone en claro la decisión de los líderes del movimiento de enfilar sus dardos exclusivamente hacia el gobernador Roberto Requeijo y no contra el gobierno nacional, al que incluso se dirige "a la espera de soluciones".
El general Requeijo —quien procura fundar un partido provincial engarzado en el proyecto de Partido Federalista—, en tanto, ya había procedido a designar al secretario de Gobierno, Francisco Pérez Cabral, como sucesor de Oreja al frente de la comuna. Esa decisión encrespó aún más las aguas de la discordia. Mientras fuertes contingentes policiales tomaban posiciones frente al municipio y la plaza San Martín de General Roca, pasado el mediodía del martes 4, una columna de manifestantes conformada tras las deliberaciones en el Club del Progreso se dirigía por las calles de la pequeña ciudad hacia donde se encontraban acantonados esos efectivos. Después de varios choques —como consecuencia de ellos casi una docena de personas resultaron con heridas de distinto carácter—, unos 600 manifestantes, a cuya cabeza estaba el renunciante Oreja, entraron en el edificio de la Municipalidad tras
vulnerar la resistencia de las fuerzas policiales. Allí se constituyeron en asamblea permanente a la que el funcionario renunciante reiteró su actitud. Pasadas las 17.30, ante un escribano público, un acta firmada por representantes de las fuerzas vivas de General Roca dejaba constancia de que, frente a la renuncia de Oreja, el pueblo había asumido el gobierno de la ciudad. Paralelamente anunciaban la intención de tratar sólo con el gobierno nacional. La situación no registró alternativas hasta que, después de las 19, ingresaron a la ciudad rebelde, efectivos de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Tras algunas deliberaciones con el coronel Juan Carlos Baletti, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la unidad, los vecinos capitularon. Aunque lo admitieron "como un hecho de fuerza", reconocieron las disposiciones del militar, que designó edil al mayor Naldo Dazzo.
El miércoles 5, la situación tendía a normalizarse, pero el pueblo de General Roca mantenía firme su decisión de "no aceptar ningún intendente designado por el gobernador Requeijo". Algo semejante ocurría, no muy lejos de allí, en la localidad mendocina de Malargüe (ver sección Hechos y Protagonistas), donde tuvo comienzo la seguidilla de incidentes pueblerinos que matizaron otra agitada semana.
Revista Siete Días Ilustrados
10.07.1972
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