Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

El País
La convivencia amenazada
En la esquina de Avenida de Mayo y Perú, a 400 metros de la Casa de Gobierno, las vidrieras vacías de la antigua tienda El Coloso sirven, desde hace tiempo, como albergue para afiches. Una noche de la semana pasada, ágiles pegadores cubrieron el lugar con carteles sobre el acto del 17 de octubre, debajo de una hilera en la que resplandecía el rostro en colores del presidente Illia. Horas después, otra pequeña legión de pegadores disimulaba los afiches del 17 de octubre con letreros de la Dirección General Impositiva. La minúscula batalla del engrudo era sintomática.
El lunes por la tarde, a espaldas de la Casa de Gobierno, en su más tajante discurso desde que asumió el poder, Arturo Umberto Illia comenzaba a dar su propia batalla: "Lo que el país necesita no lo vamos a encontrar afuera, ni esperándolo de un milagro, ni de la acción de uno o de unos pocos. Lo vamos a encontrar en cada uno de nosotros, porque lo que nos hace falta únicamente es confianza y responsabilidad en cada cual."
Ricardo Balbín, jefe del partido oficialista, fue menos metafórico que su correligionario, en la víspera del sábado crucial: "Si ha de haber un enfrentamiento, no vayamos perdiendo tiempo", dijo delante de la Casa Radical de La Plata. Nadie se explicó demasiado qué significaba ese "no vayamos perdiendo tiempo"; en cambio, el sustantivo enfrentamiento parecía el más acorde con la realidad, con un capítulo abierto en la historia argentina el 16 de setiembre de 1955, y al que nadie, hasta hoy, ha puesto punto.
Desde que Alberto Iturbe y Augusto Vandor trajeron de Madrid, grabada en cinta, la promesa del retorno de Juan Domingo Perón, las difíciles aguas de la convivencia, serenadas desde el 7 de julio de 1963 (según otros, desde el choque militar de abril de ese año), se encresparon de un golpe. Como en 1945, un multitudinario sector de la Argentina volvía a procurar una salida después de dos décadas de complicada experiencia.
Las manifestaciones de Buenos Aires y los disturbios de Córdoba vinculados con la visita de Charles de Gaulle señalaren de qué modo aquella búsqueda —detrás de la que se mueven intereses puros e impuros— crecía. De Gaulle pidió, de inmediato, a las embajadas francesas del continente, un informe sobre la reacción latinoamericana ante los incidentes del paseo Sobremonte. Alguien le hizo notar que muchos de los que aclamaban su nombre no eran partidarios del gobierno. "¿Y qué hay con eso?", respondió el estadista, según L'Express. Para Arturo Umberto Illia no todo terminaba con una boutade o un pedido de informes: sin quererlo, quizá, se había atentado contra él; el cristal de su auto se quebró y lo hirió.
El enfrentamiento quedaba, por así decirlo, legalizado. La semana pasada no podía sino enfatizarse, pasare lo que pasare en la plaza Once (ver página 9), la misma donde hace ya casi 20 años un tiroteo coronó el arribo a la estación del "Tren de la Libertad" de Tamborini y Mosca, candidatos de la Unión Democrática vencida por Perón en las elecciones de 1946.
Resumir los otros hechos políticos de los últimos siete días es cosa de un par de renglones: el Senado postergaba el tratamiento del conflicto de Santa Cruz (la Cámara de Diputados se resolvió por el apoyo a la Legislatura, lo que equivale a la decapitación del gobernador antibalbinista Rodolfo Martinovic), y se descontaba que adoptaría la posición de Diputados. El proyecto del oficialista Fiol sobre reincorporación de militares desplazados por los sucesos de 1962 y 1963, agonizó dentro del propio bloque de la UCRP, al mismo tiempo que el general peronista Sánchez Toranzo pedía que las reincorporaciones, de producirse, se hicieran extensivas a los oficiales y suboficiales sancionados en 1955 y 1956.
El paro de los carniceros minoristas y los fracasos del deporte argentino en Tokio flotaban sobre el país mientras el partido Justicialista armaba en plaza Once (al costo de 250.000 pesos) el palco para el mitin, con implementos alquilados por los que debió depositar 1.100.000 pesos como garantía de posibles deterioros. Los núcleos colorados, en el teatro Presidente Alvear y por boca de Marcelo Sánchez Sorondo, frustrado embajador de la administración radical del Pueblo, volvían su artillería verbal contra el primer magistrado: "Para tranquilizar a la opinión no se le ocurre nada mejor que ofrecerle la mansa copa del olvido y la curación por el sueño, que aleja de la realidad."
La convivencia también se esfumaba en el campo laboral, aunque por razones de principios y de táctica se mantiene todavía la decisión de los gremios llamados independientes de no retirar a sus organizaciones de la CGT. Los dirigentes de este sector confían en que se derrumbe la orientación peronista que las 62 Organizaciones imprimieron a la central obrera, no bien se desvanezca la esperanza del retorno. La derrota de las 62 en las elecciones de los gráficos y en las de empleados de comercio son, según los independientes, dos certeros índices de cómo decae el prestigio del líder metalúrgico Augusto Vandor, cabeza de las 62 Organizaciones.

La Torre de Marfil
En alguno de sus libros sostiene Hans Kelsen, el filósofo del Derecho, que "la política es el arte de la transacción sin cesar renovada". Esta continua transacción parece haberse ausentado definitivamente de la Argentina en los últimos tiempos. Más aún: el régimen del doctor Illia da la impresión de haberse recluido en una Torre de Marfil; el médico de Cruz del Eje se muestra empeñado en gobernar sin consultar demasiado.
De esto se quejan día tras día los partidos políticos, las fuerzas económicas y sindicales. Si es cierto que no puede exigírsele a un presidente que discuta o negocie cada medida con las agrupaciones menores, no es menos cierto que el juicio —coincidente o divergente— de las grandes personalidades políticas, económicas o sindicales es elemento vital en la marcha de una administración. Sin embargo, ese intercambio no se verifica; la incomunicación se ha convertido en una pesada costumbre.
Claro que cada uno de esos sectores tiene armas para responder a las determinaciones oficiales que los perjudican; de rebote, el gobierno aprende así qué es lo que no debe hacer. Donde, por el contrario, no existen vías de transacción y todos los conductos están cerrados, es en el entendimiento entre peronismo y gobierno, a pesar de los fallidos intentos de hace dos meses. Las masas urbanas (porque el peronismo del interior cuenta con diputados, senadores y concejales) carecen de acceso a la discusión y a la decisión, y tal vez sea ingenuo pensar que únicamente a través de comicios el acercamiento se consolide; otros medios brindarían el mismo resultado, por ejemplo, una relación franca con la CGT.
Pero cuando los partidos políticos se resignan a no ser consultados, ¿por qué el peronismo quiere el acceso al diálogo? Hay una sola explicación: las masas urbanas de esa tendencia no tienen respuestas aptas, dentro de la legalidad, para los errores del gobierno; el Plan de Lucha lo demostró. Y el gobierno no ampara a esas masas como lo haría al proporcionarle, por vía parlamentaria o por el acuerdo directo, un trozo de las resoluciones; ahora, se dedica a capitalizar el antiperonismo para cosechar votos. La situación se deteriora rápidamente: el triunfo de uno de los dos bandos, es obvio, concurrirá a empeorar las cosas. La semana anterior nada se adelantó en este plano de la convivencia. Lo más que adelantó el Poder Ejecutivo fue la hora de los relojes.
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Oficialismo
El primer sondeo de popularidad
A pesar de las versiones que suelen profetizar la decadencia y caída de la hegemonía balbinista dentro de la UCRP, lo cierto es que el núcleo dirigido por el presidente del Comité Nacional aparecía —luego de la reunión de este organismo que congregó a sus miembros hace diez días— como el más potente y de mayor coherencia en el partido; no obstante, unos cuantos trazos aislados permiten hurgar ya en la textura de lo que será el cuadro de las disidencias que seguramente van a estallar más adelante, cuando adquieran profundidad y volumen los sectores internos decididos a disputar la candidatura presidencial, hacia 1969.
Algo con sabor a renovación está creciendo sobre el tronco del viejo sabattinismo; éstos son los indicios: 1) la reincorporación del fuerte caudillo sabattinista Toribio Elías Oyrón en la UCRP riojana; 2) el ímpetu con que en Corrientes se maneja Angel Cabral, pequeño, pelirrojo y dinámico; 3) el crecimiento de las huestes antibalbinistas en el Chaco, donde Luis Agustín León está siendo desbordado por Eleuterio Acosta y Julio Pisarello; 4) la creciente estabilidad del catamarqueño Ramón Acuña, en su provincia; 5) el descontento en Santiago del Estero, donde los simpatizantes parecen volver a formar filas en torno del sabattinista Juan Claudio Zanoni; 6) la integración de un explosivo núcleo en el distrito de Córdoba; esta fracción reúne a la nouvelle vague sabattinista: Mario Roberto, Hernán Balboa, Pedro Angaroni y otros, y cuenta con las disimuladas simpatías del Comité Provincial que preside Angel Serafini.
Los brotes habrían sido fomentados por íntimos colaboradores del Primer Mandatario; al menos, esta sospecha fue confiada por Balbín, noches atrás, a un grupo de jóvenes que lo acompañaba en su cotidiana cena del restaurante Lucense, en Belgrano y Entre Ríos. Balbín citó el "caso Chaco", donde funcionarios del ministerio del Interior se le adelantaron "para destruir a León". De todos modos, a mediodía del sábado 10, la situación estaba clara: los amigos de Arturo Illia —concretamente, el senador nacional Eduardo Gamond— habían logrado arrancar a Balbín una "declaración de amnistía"; teóricamente se permitirá así la reinscripción de todos los radicales que por distintas razones se alejaron de la casa matriz. Evidentemente, las esferas partidarias más cercanas a la Casa de Gobierno usaron el argumento que ofrecen los comicios de marzo venidero. "Esta ley del olvido —argumentó el delegado cordobés Horacio García— coincide con el espíritu generoso del gobierno de Illia."
El radicalismo aprobó entonces —él también— su "línea de apertura"; aunque restringida solamente a los sectores que renegaron de la férula frondicista, apunta, concretamente, a Oscar Alende y a la UCRI, cuyo aporte parece necesario para neutralizar el predominio de Ricardo Balbín. El plenario —citado para las diez de la mañana— sesionó, con invariable calma radical, por las tardes. "Usted quédese «a mano» por si viene Martinovic", indicó Balbín a Cristóbal Varela. Entre los delegados circularon extraños rumores: se decía que el defenestrado gobernador sabattinista de Santa Cruz, Rodolfo Martinovic, llegaría a pedir justicia. Ello obligó a su sustituto, el vicegobernador Varela, a permanecer cinco pacientes horas en el café de Entre Ríos y Alsina, próximo al Comité Nacional. El pródigo Martinovic no llegó; pero su presencia flotó sobre "los treinta y ocho delegados como la sombra de Abel sobre la raza de Caín.
Una sacramental declaración de apoyo al gobierno nacional fue aprobada; más allá de los lugares comunes que parecen necesarios en este tipo de documentos, el partido se ubica otra vez frente a "retornos imposibles". Sabattinistas y balbinistas se midieron en la dimensión polémica cuando salió a luz una casi anónima impugnación a los representantes tucumanos.
Según lo entendió el sabattinista Juan Claudio Zanoni, "un delegado al Comité Nacional no puede ser empleado público"; el imputado —Horacio Barbieri, hermano de Lázaro Barbieri, mandatario balbinista de Tucumán— es, notoriamente, titular de la Caja Provincial de Créditos. Bajo la aparentemente fútil e inocua discusión se ocultaba el resentimiento del anti-balbinismo norteño; según se sostiene, Barbieri elude la colaboración de sus adversarios internos para apoyarse en su más importante enemigo: el ucrista Celestino Gelsi, árbitro en las decisiones del Poder Ejecutivo tucumano.
Con todo, la nota violenta surgió imprevistamente al discutirse la situación del distrito del Chaco; allí, el diputado Luis Agustín León —presente en el plenario— ha sido superado, en los hechos, por Eleuterio Acosta, un ex marxista aliado ahora a Julio Pisarello. El delegado Antonio Leúnda acusó a León de "procedimientos fraudulentos, persecuciones contra afiliados con 40 años de militancia, y malversación de fondos hasta haber otorgado cheques sin fondos por pagos de servicios en épocas electorales". Finalmente, luego de un griterío donde se intercambiaron frases duras, el cuerpo aprobó el envío de tres veedores a los comicios internos del próximo domingo 25; la intervención que solicitaba Acosta fue rechazada; no obstante, en el secreto de la Comisión Política, León se avino a retirar las expulsiones que pesan sobre sus adversarios.

Debajo del almirante
A las 20.50 del sábado 10, el representante de Mendoza, Alberto Toum, un médico de 49 años, con 30 de afiliación a la UCR, solicitó tímidamente que se aprobara su moción destinada a nacionalizar los pocos servicios privados, el comercio exterior, la marina mercante, los puertos, los elevadores, y a establecer un más férreo control de los cambios, el crédito y la actividad bancaria. "Nunca tuve nada que ver con el peronismo", declaró a PRIMERA PLANA. A esa hora, empero, los dirigentes de la UCRP, enfebrecidos, se dedicaban a preparar la concentración del lunes 12 en la plaza Colón, de Buenos Aires. A instancias de sus asesores, el Poder Ejecutivo había aceptado un agresivo desafío y se disponía a confrontar en la calle el número de sus fuerzas con las del peronismo.
El proyecto de Toum fue girado a las sesiones de la Convención Nacional. Las tandas publicitarias que convocaban al pueblo para los actos celebratorios del Día de la Raza abrumaban a las emisoras oficiales de radio y TV. Era una carrera contra el almanaque.
El 12, por la tarde, 61 autobuses flanqueaban la plaza de Mayo y los aledaños de la secretaría de Guerra; así se explicaba la reiterada presencia de Francisco Rabanal en las reuniones previas de la Comisión de Homenaje creada por el Poder Ejecutivo para conmemorar la fecha, que se integró con la totalidad de los ministros y secretarios de Estado. Obviamente, aprovechando la fuerza de las colectividades extranjeras y el aporte del intendente-caudillo Rabanal, cuyos deudos pasan por ser más de diez mil en la Capital, se pensó en organizar una manifestación "popular" de adhesión al Presidente. Ninguno de los métodos usados por el peronismo fueron dejados a un lado.
No obstante, la casi epiléptica reiteración del nombre de Hipólito Yrigoyen —presidente radical derrocado en 1930— sólo alcanzó a capitalizar la distracción de los circunstantes y el entusiasmo de los adictos al partido oficial. Estimaciones que la Policía Federal facilitó a la agencia noticiosa United Press International documentaban una cantidad de público cercana a las ocho mil personas. El Buenos Aires Herald irrumpió con un cálculo de 25.000; más cauto, el corresponsal de Le Monde mencionó cinco mil; el 13, La Razón titulaba: "Una multitud escuchó a Illia"; de todas maneras, no habían sido ajenos a la compulsa los noticieros de las emisoras estatales ni tampoco la voz del director de Radio Belgrano,
Eugenio Narboni, quien se preocupó en telefonear a diarios y agencias para comunicar a sus periodistas amigos la apreciación del propio Poder Ejecutivo: 100.000 personas.
"¡Qué número vamos a poner en marzo!", auguró un eufórico Balbín, durante la ceremonia, a una dama de su conocimiento. Sorprendidos y un poco ridículos dentro de sus vestiduras regionales, los dirigentes extranjeros se retiraron más tarde: ellos creyeron haber participado en una festividad formal. No fue así. Once vehículos del ministerio de Educación —a los que escrupulosamente se quitaron las chapas— recorrieron la ciudad luego del acto en plaza Colón esparciendo un bullicio típicamente radical. Los secretarios del intendente encabezaban la frenética caravana de autobuses y altavoces: "Radicales..., formar tras de los camiones" era la consigna. Antes, Illia había dicho, con voz trémula y agitada: "Por su deber de comprensión, el gobierno tiene paciencia para tolerar, pero no tiene debilidad para ceder." Con menos eufemismo, sus muchachones gritaban: "¿Qué pasó, qué pasó / que el payaso no volvió?"
A la medianoche, después de la última edición de su Noticiero —cuando todavía se bailaban, en plaza Colón, danzas del folklore argentino—, el Canal 7 entregó una torpe defensa del acto, a cargo de dos exegetas de la UCRP: llegaron a la conclusión de que la ceremonia había sido trascendente, a pesar de la incorrecta publicidad que la promovió, porque reunió cuatro veces más concurrencia que la de plaza Francia, el sábado 3 (recepción peronista a Charles de Gaulle). "Fue intensa la publicidad —admitió uno de los comentaristas—. Pero pudo hacerse mejor." Únicas fallas del mitin, según el programa del Canal 7: mala ubicación del palco y deficiente funcionamiento de los altavoces.
Visiblemente, el gobierno —en su primer sondeo de popularidad en la Capital— prefirió hacer frente a los peronistas, y aunque los resultados fuesen mezquinos, la imitación quedaba evidenciada. Dos políticas acababan de rivalizar: la que propugna la palmada en la espalda y la que fomenta la frustración.
Revista Primera Plana
20.10.1964

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