Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

Chile: La hora de los hornos
Sectores de la izquierda y derecha chilenas radicalizan sus posiciones, mientras todo el país espera los comicios de abril, un mojón clave que determinará el rumbo futuro

La derecha tradicional acusa a los democristianos de gallinas gordas en liquidación forzosa. El conglomerado izquierdista gobernante descerraja virulentos ataques contra los momios asesinos, mientras uno de sus diarios (Puro Chile, perteneciente al Partido Comunista) publica fotos de niñas semidesnudas con el siguiente epígrafe: ¡Oh Nicole, qué ganas de expropiarte! El flamante matutino La Prensa, piloteado por el ala freísta del PDC, supone que Chile se encamina hacia el caos y el desbarajuste. Más precisos, voceros del derechista Partido Nacional pronostican: "O Salvador Allende da marcha atrás, o aquí hay guerra civil". Manuel Cabieses, un periodista de izquierda, escribe en Ultima Hora: "Es evidente que la acción del gobierno ha entrado en una zona peligrosa: en el área del enfrentamiento con el imperialismo. . . Toda prudencia y cautela... no impedirá que EE. UU. mueva su poder". Semanarios derechistas estampan en sus portadas los siguientes titulares: Primer record de Allende: cesantía galopante; El fantasma del hambre al acecho; Allende manosea a los periodistas; la Brigada Ramona Parra tiene licencia para matar. La Brigada Ramona Parra (apéndice juvenil del Partido Comunista), embadurna los muros de la carretera que lleva al aeropuerto con leyendas escritas en ruso y alemán; se supone que son frases de bienvenida. Mientras, el nuevo jefe del Partido Socialista, Carlos Altamirano, declara: "El sufragio da el derecho a gobernar, no el poder para hacerlo". El semanario PEC (derechista) postula que "la victoria de Altamirano dentro del PS confirma el deseo de emplear métodos castristas en Chile". Un mural anónimo puntualiza: Campesinos unidos c... al rico. El Partido Nacional (refugio de los ricos, según la izquierda) publica un aviso emblemático: Chileno: ¡ponte firme! La democracia cristiana trata de diferenciarse y populariza el slogan ¡Chileno, no estás solo! Salvador Allende, a su vez, estipula: "Yo no soy presidente de todos los chilenos", ya que "no puedo ser el compañero presidente de los asesinos de Schneider". La revista Sepa, por último, difunde declaraciones del coronel Raúl Igualt (comprometido en el atentado contra Schneider) las cuales, de ser ciertas, podrían provocar la detención del ex presidente Eduardo Freí y Carlos Prat, actual comandante en jefe del Ejército, por cómplices del asesinato.
Todos estos hechos y desmesuras alumbraron en Chile durante los últimos 10 días. No fueron los únicos, claro, ya que además prosiguió la ocupación violenta de fundos agrícolas, lo cual alentó el surgimiento de las primeras disidencias en el seno de la Unidad
Popular. Con todo, la enumeración es suficiente: demuestra que recién ahora, a tres meses de instalado el gobierno izquierdista de Allende, empieza la verdadera batalla por el poder. Así, la tibieza inicial dio paso a una violenta puja, que no sólo se libra entre la Unidad Popular y la derecha: también encrespa las relaciones de los partidos opositores entre sí, y hasta llega a rozar algunos flancos de la propia coalición gobernante.
En medio de semejante maraña, los comicios del 4 de abril próximo (elección de regidores y de un senador) asoman como un test decisivo: entonces se sabrá cuál es la fuerza preponderante (si la UP o la oposición) y cuáles los partidos hegemónicos en cada uno de esos frentes.

EL BRAZO IZQUIERDO DE LA LEY
Hay una viga maestra para entender la etapa actual del proceso político chileno: la decisión de la Unidad Popular de arremeter con su programa izquierdista, definido como "de transición al socialismo", sin violar los marcos legales de la "democracia burguesa". A partir de esta premisa, el oficialismo y la oposición mueven sus piezas y lucubran tácticas, con objetivos muy precisos: la UP trata de utilizar la maquinaria institucional como herramienta para "hacer pasar" medidas transformadoras que, en última instancia, revertirán sobre la propia maquinaria, trasformándola; la derecha y el centro laboran por lo contrario: buscan erigir una "barrera legal" utilizando su mayoría en el Congreso, para licuar el esquema de sus adversarios, u obligarlos a violar el cuadro institucional; en este último caso, se justificaría la intervención de las FF.AA. en el proceso político chileno.
A tres meses de lanzada la carrera, el gobierno puede esgrimir algunos triunfos, y la oposición otros. En lo esencial, la UP ha conseguido iniciar la ejecución de su programa económico —pieza clave de su proyecto político— ciñéndose estrictamente a las leyes. Ejemplo: la nacionalización del acero y el carbón, ya concretada por La Moneda sin necesidad de solicitar aprobación parlamentaria. Con todo, el plan económico es mucho más vasto, y es ahí donde pueden brotar los primeros problemas para el oficialismo.
Según explicó a SIETE DIAS el subsecretario de Economía, Oscar Garretón, "la clave estratégica de nuestro 'programa es conseguir la propiedad social de los sectores más importantes de la producción, el comercio y la distribución". Semejante tarea implica quebrar la espina dorsal de los grupos más poderosos de Chile y, por ende, acarrea serias dificultades políticas e institucionales. Según el propio Garretón (quien define a la estructura económica chilena como "capitalista dependiente"), existen 144 empresas que monopolizan la actividad económica en todos sus sectores y subsectores; además, en el 60 por ciento de esas empresas, los 10 mayores accionistas controlan entre el 90 y el 100 por ciento del capital. "En esas condiciones —sostiene— es imposible pensar en una redistribución del ingreso sin nacionalizar a las grandes empresas, ya que además acaparan el crédito y están controladas, en buena parte, por capitales extranjeros que trazan su estrategia en función de sus centrales: todo ello provoca la distorsión del mercado y una baja tasa de crecimiento".
La UP, pues, aspira a revertir en manos del Estado todo ese conglomerado industrial-financiero, creando tres áreas económicas: la social, la mixta y la privada. La primera se constituirá con los "monopolios que hoy manejan la economía chilena" y las otras dos con la mediana y pequeña empresa, un sector de la producción "que no sólo no queremos ahogar —dice Garretón—, sino fortalecer mediante exenciones tributarias y créditos a bajo interés". De ahí que la estatización de los bancos constituye otro ítem primordial del programa de gobierno.
Hasta el momento, el oficialismo alcanzó resultados óptimos en ningunas de las industrias nacionalizadas. Bajo la batuta de un "gerente obrero", la Compañía de Aceros elevó su producción de 1.200 a 2 mil toneladas diarias; el consorcio "Purina", dedicado a la elaboración de alimentos e intervenido por el Estado, está utilizando ahora el 100 por ciento de su capacidad instalada, algo que antes jamás había logrado. El gobierno desparrama también otras cifras: dice que la inflación de enero último sólo fue del 1,4 por ciento, mientras que en el mismo mes del año pasado fue superior al 5; merced a los programas de salud y al medio litro de leche gratis entregado a cada niño pobre, la diarrea estival fue un 80 por ciento menor a la estimada. Por último, los salarios fueron sustancialmente incrementados: el mínimo trepó un 66 por ciento, mientras que los sueldos medianos aumentaron el 40 por ciento.
Es obvio que todas estas medidas apuntan, en lo coyuntural, a desencadenar una anuda reactivación del mercado, lo cual trae aparejado prestigio político. Con todo, hasta el momento se produjo el efecto contrario: la actividad industrial disminuyó. No sólo eso: en los últimos tres meses, hubo 100 mil nuevos desocupados, en tanto bajó también la producción agropecuaria.
El gobierno, por supuesto, tiene una explicación para ello: sabotaje. Era previsible, sin embargo, que la actividad económica disminuyera, sobre todo en algunas zonas campesinas donde el proceso de reforma agraria entró en una fase bélica que alarma a los pequeños y medianos productores; lo mismo ocurre con los industriales medianos. "Una de las tareas más complejas que afronta el gobierno —reconoció Garretón— es la de definir con precisión la frontera entre la gran empresa que va a ser nacionalizada, y la mediana y pequeña. La derecha ha lanzado una campaña de terror, tendiente a hacerles creer a los medianos y pequeños propietarios de la ciudad y el campo que van a ser expropiados. Eso es absolutamente falso. Lo que ocurre es que no es fácil determinar de la noche a la mañana el límite entre una y otra área",

LA CONTRAOFENSIVA DE LOS ULTRAS
Tal vez sea por eso que la oposición imagina que ha. llegado su hora. El ex ministro de/ hacienda de Freí, el democristiano Andrés Zaldívar, juzgó que "la Unidad Popular está destruyendo al país en lo económico". Zaldívar es el candidato de la oposición (se supone que será apoyado por el Partido Nacional) para ocupar la banca senatorial que se disputará en abril. "No sólo aumentó la cesantía hasta cifras antes jamás alcanzadas —bramó ante SIETE DIAS— sino que se están dilapidando los dineros fiscales y se ha paralizado la inversión en todos los rubros. El gobierno ha caído en una pendiente demagógica que lo lleva a disfrazar la inflación y a aumentar el nivel de demanda en momentos en que la industria no está en condiciones de satisfacerla, debido, justamente, a las medidas coercitivas con que el Estado castiga a las empresas: por un lado las obliga a aumentar los salarios, pero les prohíbe trasladar los mayores Costos a los precios; esto es sencillamente irracional ya que se pretende repartir la plusvalía sin capitalización previa".
Zaldívar es el representante típico del sector democristiano que acaparó las riendas del partido; el ala izquierda de esa agrupación (liderada por el ex candidato presidencial Radomiro Tomic) fue desplazada luego de la derrota electoral. No extraña, entonces, que Zaldívar lance furiosas acusaciones: "El gobierno ha desencadenado una persecución infame contra todos aquellos que no son adictos a su
política: es sectario, ineficaz y desenfrenadamente estatista". Pero el meollo de su tesis recién asomó al final de la charla con SIETE DIAS: "A la UP le falta autoridad y en muchos casos, se ha desbarrancado en la ilegalidad. La toma violenta de predios es un ejemplo de que no controla la situación del país, y el hecho de que no haya mandado al Parlamento el proyecto de estatización bancaria prueba que no respeta a las instituciones. De alguna manera, esto es natural: a mi juicio es absolutamente imposible levantar una sociedad socialista según el modelo marxista acatando las reglas de juego de la democracia; tarde o temprano, van a tener que violar la ley. No me gustaría decir cuáles pueden ser las consecuencias de una situación semejante. Pero si aquí se trata de imponer la ley del más fuerte, las consecuencias se sacan solas". Que esto último implique la perspectiva de una intervención militar, es algo que Zaldívar tiene claro: "No soy golpista y repudio a los golpistas, si es que ahora hay alguno. Nuestras FF.AA. no van a intervenir si no se viola la democracia".
No en vano, entonces, los grupos ultras de la oposición machacan sobre este punto: la UP está violando la ley —dicen—, y no respeta su compromiso de gobernar según las normas de la democracia tradicional. Pero esta acusación no es unánime entre los opositores, acaso porque Salvador Allende y sus aliados se caracterizan por una pasmosa frialdad: en los hechos, nadie puede probarle que no respete a las instituciones. En el caso de los bancos, por ejemplo, es cierto que no ha enviado al Congreso el proyecto de estatización; pero ésta se está llevando a cabo mediante la compra directa de acciones a sus poseedores. Hasta Jorge Alessandri, el derrotado líder de la derecha tradicional, se dejó convencer por la propaganda gubernista y vendió sus paquetes al Estado: hasta la semana pasada, La Moneda se había apropiado de cerca del 10 por ciento del total de las acciones. Voceros oficialistas explicaron a SIETE DIAS que el proyecto será finalmente enviado al Congreso, pero que por ahora se prefiere acelerar el proceso mediante la compra de acciones ("lo cual está dentro de la ley", sostienen), para evitar que el largo trámite parlamentario facilite el desmantelamiento de los bancos.
En cuanto a la nacionalización del cobre —otro ítem esencial de la estrategia allendista— se supone en Santiago que será aprobada dentro de unas semanas, cuando el Congreso dé su visto bueno a la reforma constitucional propuesta por el gobierno. La DC aspira a introducir modificaciones en el texto original, pero en última instancia deberá avalar la nacionalización, ya que fue uno de sus caballitos de batalla en la última campaña electoral. Descontando la fuerte indemnización que pagará el gobierno a las empresas expropiadas, lo cierto es que la minería —el sector más dinámico de la economía chilena— se convertirá en una importante fuente de recursos para el Estado: en los últimos 50 años, las empresas norteamericanas que explotan los yacimientos giraron al exterior, en concepto de ganancias netas, una suma igual a teda la riqueza acumulada por Chile desde que llegaron los españoles 400 años atrás. De ahí que la semana pasada, en los pasillos de La Moneda, se comentara la posibilidad de un endurecimiento de la actitud de los EE.UU. hacia el régimen de Allende.

LA IZQUIERDA; DE IZQUIERDA DERECHA
Con todo, el foco de inquietud más candente para el oficialismo es el que ha surgido en Cautín, una provincia sureña donde se libra una guerra entre los dueños de los fundos y los indios mapuches, que pretenden adueñarse sin más dilaciones de la tierra. Es que el proceso político abierto por la UP y la promesa de ésta de concretar
la reforma agraria abrieron la válvula de la rebeldía campesina y desataron una oleada de ocupaciones de predios que afecta, incluso, a aquellos que por su extensión no deben ser expropiados. Es notoria en este aspecto la influencia del Movimiento de Izquierda Revolucionaria —MIR—, un grupo armado que antes de la elección de Allende rechazaba el camino electoral, y que ahora postula "defender el triunfo con las armas"; para ello, agita al campesinado mediante un organismo especial: el Movimiento Campesino Revolucionario.
Esto genera problemas en la coalición gobernante. El Partido Radical (la agrupación no marxista más sólida de la UP) advirtió la semana pasada que el gobierno no debería permitir atropellos. Pese a que simultáneamente el PR proclamó que seguirá en el gobierno, el senador Américo Acuña Rosas admitió frente a SIETE DIAS que existen divergencias. "En este asunto de la toma ¡legal de fundos el Ejecutivo ha actuado con cierta pasividad, que nosotros criticamos. Por ello, en la próxima reunión de gabinete, nuestros ministros van a proponer medidas rectificadoras. Es absolutamente imprescindible que se respeten las reglas de juego pactadas entre todos los partidos miembros de la UP y que el programa de gobierno se ejecute sin violar un milímetro las normas de la ley y la Constitución".
Desde hace casi un mes, el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, se encuentra en Cautín, tratando de moderar a los exaltados mapuches. Como hasta ahora no ha conseguido mayores resultados, la derecha acusó: Por donde pasa Chonchol, no crece el pasto. Sin embargo, el ministro milita en el ala moderada del MAPU, su partido, y es un ferviente partidario de respetar la ley de reforma agraria, que es la misma que aprobó el gobierno de Frei cuando él revistaba como director del programa agrario de la administración democristiana.
Claro que existen otros sectores dentro de la UP. El propio MAPU está controlado por los partidarios de Rodrigo Ambrosio, quien trabaja en la perspectiva de fusionar al Movimiento con los partidos Comunista y Socialista y crear así el Partido Único de la Revolución. El socialismo, en tanto, acaba de elegir como jefe a Carlos Altamirano, un marxista ortodoxo que desconfía del "camino pacífico" y que en el pasado denostó abiertamente la lucha electoral, lo que lo condujo a la cárcel. "No ha habido hasta ahora —declaró la semana pasada— una real participación de masas en el proceso. Eso hay que corregirlo. Un reformismo estatal, burocrático y paternalista, jamás podrá ser revolucionario. El pueblo debe estar preparado ante un posible brote sedicioso de la derecha, que se irá volcando cada vez más al golpismo en la medida que el gobierno cumpla su programa. La derecha es democrática sólo en la medida que las instituciones burguesas la benefician".
Salta a la vista que estos juicios no se compaginan con la tesis oficial de no violentar el "derecho burgués"; se contradicen, también, con la idea deslizada a SIETE DIAS por el diputado comunista Manuel Cantero: "Creemos que es muy remota la posibilidad de un golpe de Estado; no la descartamos, pero a nuestro juicio, la esencia democrática de las FF.AA. chilenas no se prestará a semejante cosa". Algunos mentideros aseguran que Allende, en su fuero íntimo, está convencido de que un golpe es posible, pero confía en que no contará con el apoyo de la totalidad del Ejército. "Se daría una situación similar a la de España en el 36", supuso un asesor presidencial, en charla privada. En el otro extremo, la misma tesis fue repetida ante SIETE DIAS por Sergio Onofre Jarpa, presidente del Partido Nacional: "Las elecciones de abril son claves. Si gana la UP, el gobierno se va a sentir fuerte e intentará establecer una república soviética. En ese caso, a nosotros nos queda un solo camino: la guerra civil".

Revista Siete Días Ilustrados
15.02.1971

-Los mapuches levantan retratos de Lenin, el Che y Ho Chi Minh
-Zaldivar
-Altamirano
-Todos los sectores de la política chilena están lanzados en una violenta guerra verbal

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