Mágicas Ruinas
crónicas del siglo pasado

El País
Los rabos de la política
Era una treintena de hombres-sandwich, con letreros del Plan de Lucha de la CGT. Lanzaban volantes, vitoreaban un nombre. El escuadrón de Granaderos tropezó con ellos en plena calle Florida, bajo el nublado mediodía del viernes pasado. Un caballo se encabritó, los soldados cargaron sable en mano contra los manifestantes. Después de la sorpresa, quedaron un tendal de cartelones en el pavimento y 24 detenidos en la comisaría. Esta inesperada imagen de la Argentina fue una de las primeras que tuvo el nuevo embajador del Ecuador en Buenos Aires.
Más obra de la casualidad que de la premeditación, el episodio servía — como sirven todos los incidentes marginales de la pequeña historia— para calificar la actualidad del país. O, al menos, para adornar una semana política que comenzó el lunes 24 y nadie sabe cuándo concluirá. Concretamente, el lunes a las 10.20, después que un avión depositó en Ezeiza a los líderes peronistas que volvían de Madrid, de una reunión de alto nivel con Juan Domingo Perón, y se lanzaron a redoblar el tambor de su regreso (ver páginas 5 y 7).
El pregonado retorno del ex presidente desplazó los demás asuntos y originó un sugestivo juego de silencios y proclamaciones. Con el correr de los días, mientras partidos y dirigentes se definían ante aquella eventualidad, la opinión pública volvía sus ojos hacia dos sectores, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, en busca de un sí o un no. Los militares rehusaron pronunciarse; más aún, se sintieron injustamente aludidos. Toda decisión —señalaron— corresponde a las autoridades constitucionales. Y las autoridades constitucionales, cuyos contactos con núcleos peronistas llegaron a trascender meses atrás, prefirieron resguardarse en el mutismo.
Para algunos observadores, el gobierno nada tiene que decir: Perón es un ciudadano argentino y puede volver cuando quiera; la Justicia se encargará de él. Para otros, la presencia del ex mandatario en la Argentina entraña la erupción de un volcán político, y el gobierno debe tomar precauciones: impedir la erupción o ponerle marco. Pero, por encima de estas apreciaciones, el retomo desborda su importancia como punto de referencia en la marcha del país. Amenaza, factor de presión, golpe de efecto o certidumbre, alrededor de él torna a plantearse una vez más la posición futura del peronismo en la vida argentina, su inclusión o exclusión en ella, el modo en que repercutirá sobre los 11.951.895 electores que —según estadísticas dadas a conocer en estos días— están registrados en los padrones.
Con comicios nacionales por delante, con su inacabada lucha intestina, el peronismo busca concertar una salida. Lleva casi una década en esa búsqueda, pero desde ahora hasta marzo hay apenas siete meses. ¿Pisará Perón la Argentina en ese lapso? Vicente Solano Lima, que lo visitó la semana pasada en Madrid, sostuvo que entre la gira del general Charles de Gaulle y el 17 de octubre —menos de una quincena— habrá indicios de la actitud del peronismo. Tal vez entonces haya indicios de la actitud asumida por la Casa Rosada.
En otros órdenes, durante los últimos días, el gobierno asomó su cabeza:
• El equipo dirigido por Juan Carlos Pugliese trasuntó preocupación por el sector externo de la economía. El ministro parte a Tokio con el fin de realizar gestiones decisivas para el Plan de Desarrollo, de cuyos detalles, sin embargo, no hay todavía evidencias tangibles. A su vez, la presencia de un enviado del presidente Johnson recordaba al Poder Ejecutivo la necesidad de definir una política comercial a largo plazo (páginas 78 y 79).
• Mientras el embajador de USA, luego de una entrevista con el presidente Illia, manifestaba el lunes 24 que se iban superando los problemas entre su país y la Argentina, y colocaba entre esos problemas el de los contrates petroleros, las empresas contratistas afectadas por la anulación de los convenios rechazaban una base de acuerdo propuesta por el gobierno a través de YPF (página 10).
Si los problemas con USA tienden a restañarse, hubo en cambio una modificación en las relaciones con Chile: Santiago pidió el arbitraje de la corona británica para el conflicto fronterizo con la Argentina, desechando la negociación que había ofrecido al canciller Zavala Ortiz. La cuestión de Río Encuentro se estancaba nuevamente.
Fue, no obstante, en el campo de la política local donde se produjeron encontronazos entre gobierno y partidos. Los más duros se registraron el jueves, a lo largo de las 5 horas y cuarto que utilizó la Cámara de Diputados para interpelar al ministro del Interior sobre el atentado ocurrido a mediados de agosto en un salón de la calle Chacabuco. Al cerrarse la sesión, en la que el doctor Juan Palmero negó que la agresión tuviera como blanco al doctor Arturo Frondizi, la Cámara no se manifestó contenta o descontenta, salvo el MIR, que se declaró virulentamente quejoso. El miércoles, y a puertas cerradas, el mismo Palmero y sus colegas Leopoldo Suárez y Zavala Ortiz habían reducido el caso de los guerrilleros de Orán a un incidente poco más que policial.
Los diarios del sábado 29 añadían un colofón ocasional al tema del extremismo, al anunciar el descubrimiento de una célula terrorista; en procedimientos realizados en Lanús Oeste, Villa Industriales y Lomas de Zamora —sin confirmación oficial— abríase practicado detenciones, secuestros de armas y de propaganda peronista. El nombre del general Iñíguez apareció mezclado a estos pormenores, como presunto jefe del estado mayor militar de una Central Operativa de la Resistencia.
El gobierno no conoce tregua con estos descubrimientos; a su vez, muchas de sus fuentes difieren en la adjudicación de responsabilidades a cada célula o movimiento (un matutino de Buenos Aires se hizo eco de tales contradicciones en un Editorial). Sin duda, también aquí urge, como en el tema del retorno de Perón, algún gesto de madurez. "La Nación —dijo Palmero en Diputados —no es de ningún partido, por muy poderoso que éste sea." Parece una frase digna de vigencia.
Mientras tanto, Arturo Illia recibía a los jugadores del equipo de fútbol de Independiente —el primer club argentino que ha llegado a la final de la Copa del Mundo— y los felicitaba por su ''tarea magistral". Al ser invitado a presenciar el partido que Independiente disputará con el Inter, de Milán, el 9 de setiembre, en Avellaneda, simbolizó sus deseos así: "Hay que desollar el rabo que nos falta." Era, también, una frase digna de vigencia: la política está erizada de rabos.
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Peronismo
El telar de Peoélope
Ulisse que des jours pour rentrer dans Ithaque (Apollinaire).
Por diferentes razones, desde 1955 hasta hoy el peronismo no pudo expresarse a través de certezas. La semana pasada parecía confirmarse la hipótesis de que Juan Domingo Perón está decidido a convertir aquella deficiencia en un arma: la noticia de su regreso, traída desde Madrid por un grupo de líderes peronistas y por ellos repetida enfáticamente en Buenos Aires, pasó a encabezar la lista de tensiones y elementos de disidencia que el gobierno y las Fuerzas Armadas deben soportar casi a diario.
Pero el retorno —que se había evaporado en las últimas semanas— forzosamente debía trascender las esferas del gobierno y las Fuerzas Armadas. Así fue. Una ola de especulaciones inundó los círculos políticos, gremiales, empresarios, el periodismo y la calle. Algunas anécdotas laterales mostraban el impacto del tema: el matutino La Prensa se atrevía a colocar el nombre de Juan Perón en un subtítulo; el locutor antiperonista Augusto Bonardo, en su ciclo televisivo La Gente, al reportear al diputado justicialista Juan Luco usaba sólo dos palabras para referirse al ex mandatario: ese hombre.
En varios puntos de la ciudad, dirigentes de inspiración framinista recolectaron firmas en favor del regreso; Haydée Pesce y Néstor López Zubiría, dos impulsores de este plebiscito, fueron detenidos por escándalo en la vía pública y luego puestos en libertad. A fines de la semana se calculaban en 35.000 las firmas conseguidas. Las versiones más insospechadas se echaban a correr con tanta velocidad como imaginación. Dos de ellas: 1) en Madrid se habría pedido cotización a cinco líneas aerocomerciales para fletar desde la capital española hasta Buenos Aires un avión especial; sólo dos habrían presentado presupuesto. 2) Perón volvería entre el 20 y el 22 de setiembre y aterrizaría en el aeropuerto de Corrientes, provincia en la que ya se decora y arregla una quinta para alojarlo.
Las versiones no sólo partieron de Buenos Aires. Un diario de tanta influencia y severidad como Le Monde, de París, aseguró que existía un acuerdo entre el presidente Illia y los mandos militares, destinado a posibilitar el retorno. El cauto semanario neoyorquino Newsweek dedicó dos columnas al tema y sostuvo que Arturo Illia envió a Perón, con Augusto Vandor, una garantía especial. "Cuando Perón vuelva —anunció Illia—, lo protegeré con una custodia, para aislarlo de los militares hostiles y de los asesinos en potencia", decía Newsweek.
Este reguero coronaba el final de la conferencia cumbre que Alberto Iturbe, Vandor, Delia Parodi y otros dirigentes peronistas mantuvieron con Perón y de la que trajeron la promesa del retorno y una cinta magnetofónica grabada por el ex general. Aparentemente, Iturbe, Vandor y Parodi volvían fortificados en sus posiciones como hijos pródigos. Sin embargo, horas después de despedirlos, Perón invitaba a comer un asado a Andrés Framini y recibía a Héctor Villalón, quienes según las primeras informaciones habían sido desahuciados por el ex presidente.
Las explicaciones sobre este cruce también abundaron: Perón no quiere cerrar ninguna puerta, continúa repartiendo el juego entre varios. Pero, ¿son éstas todas las explicaciones? Salvo el propio Perón, nadie está en condiciones de trasmitir sus profundas intenciones. Él adelantó en la cinta que fue divulgada el martes 25, que resolvió retornar "presintiendo que pueda influir en la pacificación del país", porque "del caos sólo se puede salir con la comprensión y la colaboración de todos y no por la violencia inconsulta, la terquedad o la lucha".
Las reacciones se desataron inmediatamente, aunque el gobierno y las Fuerzas Armadas se restringieron a las declaraciones protocolares, no se comprometieron. El lunes 24, el ministro del Interior se limitó a informar que el Poder Ejecutivo desconocía la realización de trámites o acuerdos para el regreso. El miércoles 26, en Catamarca, el comandante en jefe del Ejército manifestó que las decisiones sobre el retorno eran propiedad de "los poderes constituidos". "Tengo el firme propósito —añadió— de no complicar al Ejército en esas decisiones."
Las reflexiones del general Juan Carlos Onganía se asemejan a las del ingeniero Iturbe: "Si el gobierno desea la pacificación —habló a los periodistas—, adoptará los recaudos necesarios para que Perón regrese sin peligros. En caso contrario, la responsabilidad será del gobierno." Esos "recaudos", obviamente, se conectan con la Justicia; y en la Justicia hay dos causas en trámite contra el ex presidente: una, por traición a la Patria, que espera resolución de la Corte Suprema; otra, por estupro, aguarda informaciones de la Cancillería, ya que se ha solicitado la extradición del procesado. Curiosamente, un fragmento de este último expediente desapareció de los Tribunales la semana pasada.
Muchas voces se alzaron en contra del retorno. Entre ellas, las de La Prensa y La Nación, al fustigar en sendos editoriales el mensaje traído desde Madrid. El flemático Buenos Aires Herald calificaba el retorno de "inverosímil e indeseable, dadas las presentes circunstancias". La radio Nuevo Mundo, de Santiago de Chile, lanzó una frase que Arturo Frondizi habría trasladado a uno de sus corresponsales: "Perón volverá al país, pero embalsamado" (los órganos de difusión del MIR desmintieron de viva voz esas palabras). Ricardo Balbín se colocó en el polo opuesto a Onganía e Iturbe: "El retorno —opinó— corresponde a la órbita de Perón y su partido, Que ellos resuelvan."
Otros líderes políticos eludieron —como el gobierno y los sectores castrenses— las definiciones concretas. Aunque el jueves 27 comenzaron a darlas tácitamente, en la audiencia pública que se efectuó en el juzgado electoral del doctor Leopoldo Isaurralde, vinculada con el pedido de personería política, en el orden nacional, formulado por el Partido Justicialista. De los 12 partidos presentes, cinco se pronunciaron negativamente (entre ellos, UDELPA y Demócrata Conservador de la Capital); dos (Laborista, Unión Popular) afirmativamente; cinco (Demócrata Progresista, UCRI, entre ellos) no hicieron objeciones. Pero entre los 13 ausentes, figuró precisamente la Unión Cívica Radical del Pueblo.
Si las dos preguntas básicas para las cuales el país entero —y, tal vez, el mismo Perón— busca respuesta: ¿Vendrá? ¿Cuándo?, son imposibles de contestar por el momento, el significado oculto de la promesa del ex mandatario acicateó las conjeturas:
• La promesa constituye una amenaza, una fuente de perturbación psicológica y, a la vez, una exigencia máxima para permitir que el Partido Justicialista negocie con el gobierno cualquier acuerdo enderezado a lograr su inclusión en el esquema electoral de los comicios de marzo próximo. Es algo que dejó entrever Iturbe; además, numerosas afirmaciones particulares y públicas de Perón —que incluyen artículos publicados en el periódico Retorno— autorizan a pensar que el objetivo superior del ex presidente es, en estos instantes, obtener la institucionalización del justicialismo.
• La promesa arrancada a Perón fue una sutil maniobra del sector vandorista, para ponerlo fuera de la batalla, para hacerle perder sustentación política. Quienes defienden esta tesis la complementan —o, mejor, la preceden— con la convicción de que Perón no regresará a la Argentina.
• La promesa, según los ideólogos fraministas, entraña un reto del ex presidente a los sectores antiperonistas con el fin de que éstos promuevan la proscripción electoral del justicialismo. Al movimiento, entonces, sólo le quedaría ir vía insurreccional.
Hasta dónde estas especulaciones son algo más que especulaciones es un enigma de delicado esclarecimiento. Posiblemente, no hagan sino reflejar las ambiciones de una u otra facción. Menos conjetural es reconocer una realidad que La Razón recogió en un título del viernes: "El antirretornismo se ha convertido en una nueva y aguda postura política" Y el retornismo, también.
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Parlamento
Es difícil aprender a ser oficialista
Ya bastante alicaída, la bancada radical del Pueblo sufrió una baja sensible con el traslado de Juan Carlos Pugliese al ministerio de Economía. El abogado tandilense cumplía en Diputados una labor difícil, y el éxito lo había acompañado en la mayoría de los casos.
Hombre de entera confianza de Ricardo Balbín, ejercía la vicepresidencia del bloque (o del "block", como gustan decir los radicales). El titular, Raúl Fernández, que pertenece al círculo más estrecho da los amigos del presidente Illia, aparentemente carecía de fibra de conductor. No sólo no conseguía apaciguar a sus correligionarios, que reaccionaban ingenuamente ante las sagaces incitaciones del MIR, sino que dejó prosperar una peligrosa anarquía interna.
El balbinismo encumbró, pues, a Pugliese para que conjurase el "provincianismo" de su bloque, en la medida de lo posible. En las últimas sesiones, ya era raro que alguna acción intempestiva escapase de su control. Contaba para ello con el concurso del mendocino Luis Ignacio Bobillo, el más joven de los legisladores, y del bonaerense Raúl Alfonsín. Hasta la semana anterior, el cordobés Fernández cargaba aún con la responsabilidad de conducir el equipo, pero ya es evidente que esa función le interesa poco. En varias oportunidades manifestó su deseo de tener "más tiempo libre", sin duda para asegurar ciertos contactos entra el presidente Illia y los partidos. Esa sigilosa tarea le parece más atractiva que la de aparecer en la Cámara "como una gallina con sus pollitos".
Sea lo que fuere, en la bancada de la UCRP se abrió una sucesión.
Se entendía que la posición cedida por Pugliese debía quedar en manos del balbinismo. A 300 metros del palacio legislativo, en el comité nacional de la UCRP. Ricardo Balbín confesó que hasta ahora "le faltó un minuto" para ocuparse de este problema. Pero la decisión urgía, porque "los muchachos —como dice Raúl Fernández— son jóvenes, y tienen que aguantarse las cosas feas que les dicen desde todos los ángulos".
Finalmente se designó una comisión especial del bloque para que propusiera el nombre de un nuevo vicepresidente 1º. La unanimidad se hizo alrededor de Raúl Alfonsín, bonaerense (de Chascomús), que entró en la Cámara con grandes ímpetus, y en los últimos meses se mostró bastante atemperado. Es un político joven, muy allegado a Balbín.

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Conservadores
Todo sea por la democracia
Sobre el filo de la medianoche del sábado 22 de agosto, 30 de los 68 delegados al plenario conservador salieron de la sede de la Federación Nacional de Partidos de Centro (FNPC), cruzaron la calle y se introdujeron en la whiskería Tauro para beber la copa de la reconciliación. Durante todo ese día, la sede de la FNPC, al 500 de Rodríguez Peña, en Buenos Aires, se había convertido en el quirófano donde se dilucidó la suerte de un enfermo grave: el conservadorismo.
Para algunos —los delegados de Entre Ríos (quienes convocaron la asamblea), Córdoba, Chubut y La Rioja—, la enfermedad era, casi, un tumor intestinal, un bulto que pesaba dentro de un cuerpo quieto, en reposo, estático. Para otros —los delegados de Mendoza, Corrientes y San Luis, provincias en las cuales los conservadores ejercen la gobernación—, el mal no podía determinarse mediante una simple punción, era menos tangible y, en todo caso, su foco había que hallarlo en la Casa Rosada.
"Creemos que la UCRP no es suficientemente representativa para asumir por sí todo el poder", expresó el diputado Jorge Mariano Almada, sintetizando lo que podría conjeturarse como el resentimiento conservador: a diez meses de gobierno del doctor Illia, los radicales retribuyeron magramente con la designación de unos pocos diplomáticos y presidentes de bancos oficiales, la fidelidad demostrada por el conservadorismo en el Colegio Electoral y en todas las legislaturas del país a partir del 12 de octubre.
Inclusive el colaboracionista Emilio Jofré. mendocino, presidente del bloque de diputados en el Congreso Nacional, admitió la necesidad de revisar la política conservadora en el orden federal pero soslayando, por ahora, la posibilidad de una ruptura frontal con el gobierno. "No podemos seguir una política de tirabombas", dijo la semana pasada a un redactor de PRIMERA PLANA. Su tesis de atemperado enfrentamiento a la Casa Rosada tiene doble origen:
• El gobierno se muestra pertinazmente indeciso en definirse respecto del peronismo, lo cual perturba los planes de la FNPC con miras a las elecciones de marzo. La FNPC aspira a nuclear a la masa antiperonista defraudada por el gobierno. Los expertos señalan que la punta del desencuentro con el oficialismo cabe rastrearla a nivel de los débiles reflejos de la Casa Rosada en materia de política sindical. "El gobierno nos prometió quebrar el plan subversivo de la CGT cancelando su personería gremial y estableciendo un riguroso control de sus fondos", confesó off the record un dirigente conservador.
• La presión que ejercen los férreos anticolaboracionistas de Entre Ríos y Córdoba y el apoyo que le tributan los distritos de La Rioja y Chubut provocan, dentro del partido, una apertura hacia posiciones menos expectantes. El sábado 22, el enfebrecido delegado entrerriano Ricardo Maxit preguntó a la asamblea: "Este gobierno no quiere ni acepta la conciliación. ¿Por qué seguir cargando con sus errores?" A los anticolaboracionistas se debe un informe económico que enumera "los errores de criterio estatizante en que incurrió el gobierno" y que, obviamente, nadie pudo rebatir: las casi 1.600 empresas que regentea el Estado ("y que producen toda clase de artículos"), el déficit ferroviario ("casi igual a la mitad del monto previsto para la Administración Nacional y a una cuarta parte de los gastos del Estado") y los 2.000 millones de dólares de deuda externa ("acumulados desde que se emprendió la aventura industrialista") son, a la postre, y desde el punto de vista de la FNPC, argumentos que propician el deslinde de responsabilidades y una alineación opositora.
Los propios anticolaboracionistas aceptan la capitanía del doctor Arturo Uanini, presidente del Partido Demócrata, de Córdoba, cuya oposición al proyecto de la UCRP de provincializar el banco cordobés abrió, a mediados de agosto, el fuego contra el hasta entonces incondicionado apoyo al gobierno federal. Uanini fue más lejos: "Debemos abandonar las posiciones públicas", dijo, refiriéndose a la actitud que deberían adoptar diplomáticos y banqueros conservadores. Pero ahora los aplausos fueron menos estridentes. Los expertos observaron que las disidencias no eran tan palmarias como para arriesgar un nuevo resquebrajamiento: el plenario anterior, en marzo, había provocado el alejamiento de una fracción anticolaboracionista encabezada por el doctor Julio César Cueto Rúa y la ulterior corporización del PRAR. El presidente de la FNPC, doctor Emilio Hardoy, convino, en voz baja, que "un nuevo desmembramiento, a menos de seis meses de elecciones nacionales, era poco menos que suicida". Su hipótesis ("Este gobierno es la última chance democrática. Si cae, perdemos todos") prevaleció finalmente y dio pábulo a una declaración fluidamente contemporizadora: "La Federación formula un nuevo llamado a la reflexión, en la esperanza de que se entienda que por el camino seguido hasta hoy, la República marcha hacia su más grave crisis."
Hacia la medianoche de ese sábado, rupturistas y colaboracionistas festejaban, en Tauro, el feliz hallazgo de una fórmula que diluye la identificación oficialista de la FNPC y que se traducirá, casi de inmediato, en la oposición legislativa al proyecto de reforma de la Corte Suprema de Justicia.
Al día siguiente —el domingo 23—, en Junín, provincia de Buenos Aires, con los auspicios de la Unión Conservadora bonaerense, la FNPC inició su campaña electoral. Estimulado por coincidencias de fondo —un acendrado antiperonismo—, el proceso pos-operatorio del conservadorismo se inició con un jubiloso llamamiento del doctor Hardoy: "En adelante, todos los sectores que comparten nuestra-posición serán nuestros aliados." Su declaración, con visos de propuesta, replantea dos interrogantes:
• Convencido el doctor Hardoy de que "en adelante, en este país los partidos democráticos no podrán actuar independientemente", ¿sus palabras suponen un nuevo intento por propiciar una alianza con UDELPA?
• Ante el riesgo de comprometer otra vez la independencia de la FNPC, ¿volverán a suscitarse fricciones entre el Comité Nacional y los sectores anticolaboracionistas ?
Los conservadores estiman que, en uno u otro caso, la próxima convención partidaria —en noviembre— habrá de darles respuesta.
1º de setiembre de 1964
PRIMERA PLANA

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